A medida que avanza la cruzada del Gobierno por liberar controles, la yerba mate —uno de los productos más emblemáticos de la mesa argentina— quedó expuesta a un experimento de desregulación extrema. Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei vació de contenido al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y eliminó buena parte de los controles de calidad que durante más de dos décadas regularon la producción y comercialización del sector.
Bajo el discurso conocido de “mejorar la competitividad” y “adaptarse a los nuevos tiempos”, el Ejecutivo desarmó un esquema que no estaba pensado para distorsionar el mercado sino para garantizar estándares mínimos de elaboración, higiene y trazabilidad. El resultado práctico es claro: a partir de ahora podrán venderse yerbas con exceso de palo y semillas, con deficiencias en el proceso de secanza e incluso con presencia de hongos, algo que hasta hoy estaba expresamente prohibido.
La medida se formalizó a través de la Resolución 146/2025, que derogó normas clave —las resoluciones 15/2003, 37/2007 y 103/2017— mediante las cuales el INYM podía intervenir para resguardar la calidad del producto. En los hechos, el organismo pierde la capacidad de controlar desde el respeto por los ciclos biológicos de la planta hasta las condiciones sanitarias en cosecha, secado, almacenamiento y transporte.
Uno de los cambios más sensibles es la eliminación de la prohibición de cosechar y secar yerba durante octubre y noviembre, una restricción basada en criterios agronómicos para proteger la planta y asegurar calidad en el producto final. También se dejaron sin efecto las exigencias de higiene previstas por el Código Alimentario, como la obligación de eliminar hojas en mal estado, flores y otros elementos extraños durante la cosecha.
La desregulación llega al extremo de permitir un mayor contenido de palo y semillas, y de suprimir la obligatoriedad de utilizar envases que controlen la humedad, lo que abre la puerta a la proliferación de hongos. A esto se suma la relajación de controles durante el transporte, un tramo clave para evitar contaminación y deterioro del producto.
En paralelo, el Gobierno eliminó el régimen de inhabilitación inmediata para operadores que no presenten la documentación de ingresos y egresos de materia prima al momento de una inspección. El mensaje implícito es el mismo: menos controles, menos sanciones y más margen para la informalidad.
La reforma también limita al INYM en el plano económico. El organismo ya no podrá dictar normas que, según el nuevo criterio oficial, “distorsionen precios” o “generen barreras de entrada”, una formulación amplia que, en la práctica, impide cualquier intento de ordenar el mercado o proteger a pequeños productores frente a actores concentrados.
Finalmente, se modificó el régimen de declaraciones juradas mediante cambios a la Resolución 21/2009. Las sanciones por incumplimientos formales fueron derogadas y reemplazadas por un sistema de intimaciones. Recién después de tres incumplimientos en un mismo año calendario y de una notificación con cinco días hábiles de plazo, se podría avanzar hacia la inhabilitación.
En nombre de la libertad de mercado, el Gobierno optó por desmantelar controles que protegían tanto a productores como a consumidores. La consecuencia es una yerba “más libre”, pero también potencialmente más barata, más degradada y de menor calidad. Una vez más, la desregulación no apunta a mejorar lo que funciona, sino a retirar al Estado incluso de allí donde su rol era garantizar que lo que llega a la mesa sea, al menos, sano y digno de llamarse yerba mate.