El PRO atraviesa quizás el momento más crítico de su historia.
Con un Mauricio Macri cada vez más alineado a Javier y Karina Milei, el partido que fundó en 2003 parece avanzar hacia un proceso de disolución. La decisión del expresidente de expulsar a dos dirigentes ligados a Patricia Bullrich, apenas días después de haber entregado las boletas, las candidaturas y el sello partidario a La Libertad Avanza en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, terminó de encender las alarmas internas y de exponer las fisuras que atraviesan al espacio amarillo.
El sábado, Macri firmó la expulsión del diputado nacional Damián Arabia, vicepresidente segundo del PRO, y de Pablo Walter, vocal en el partido y actual titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Ambos son dirigentes de confianza de Patricia Bullrich, lo que agrega un ingrediente explosivo al conflicto. Arabia seguirá formando parte del bloque PRO en la Cámara de Diputados que conduce Cristian Ritondo, pero ya no tendrá rango partidario. Walter, en tanto, quedará desplazado de la estructura formal. La justificación fue la “inactividad” y la “falta de asistencia a reuniones partidarias”, aunque la lectura política en el macrismo residual es otra: Macri busca aislar a Bullrich y desplazar a su entorno de los lugares de poder que aún conserva dentro del PRO.
La medida se produjo en simultáneo con el avance del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que derivaron en denuncias judiciales contra Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem por presuntos cobros de coimas. El PRO optó por un incómodo silencio institucional, lo que refuerza la idea de que Macri eligió blindar el acuerdo con los libertarios pese a la tormenta política que sacude a la Casa Rosada. En ese contexto, la expulsión de dos bullrichistas fue interpretada como la primera reacción política del expresidente desde que estalló el caso.
La contradicción, sin embargo, es evidente: mientras Macri cedió al partido de Milei la mayoría de las candidaturas legislativas en CABA y en la provincia de Buenos Aires, decide expulsar a dirigentes propios por su supuesta cercanía con el oficialismo nacional. La paradoja desorienta a la militancia y alienta especulaciones sobre una estrategia de “liquidación controlada” del PRO, para reconvertirlo en un socio subordinado del mileísmo o incluso en un partido meramente testimonial.
Dentro del macrismo, las reacciones fueron inmediatas. María Eugenia Vidal marcó distancia del acuerdo con LLA y fue la primera dirigente en reclamar una investigación judicial seria sobre las coimas en la ANDIS. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, impulsó el armado de Provincias Unidas junto a otros mandatarios que buscan despegarse del naufragio amarillo y conservar autonomía electoral. En Santa Fe, la vicegobernadora Gisela Scaglia se encolumnó con Maximiliano Pullaro y prepara listas propias para competir contra los libertarios. En paralelo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro —dos de los pocos que respaldan la estrategia de Macri— quedaron más aislados en un PRO que parece perder cohesión territorial.
La tensión alcanza también a Bullrich, que tras aceptar la candidatura a senadora por la alianza con Milei, ve cómo Macri intenta arrinconarla dentro de su propio partido. La ministra de Seguridad quedó en una posición ambivalente: forma parte de la boleta libertaria, pero al mismo tiempo observa cómo sus referentes son expulsados del PRO con acusaciones formales que esconden, en realidad, un pase de facturas político.
En el trasfondo, circula una pregunta que se repite en los pasillos del PRO: ¿busca Macri licuar al partido para luego rematarlo electoralmente tras las legislativas de octubre? La hipótesis gana fuerza entre dirigentes que ven al expresidente decidido a transformar al PRO en una suerte de “cascarón vacío” para terminar de integrarlo a la estructura libertaria. El momento elegido refuerza esa sospecha: el acuerdo con Karina Milei se selló justo cuando la Casa Rosada enfrenta un tembladeral político por las coimas en discapacidad y por la interna económica entre Javier Milei y Luis “Toto” Caputo por la suba de tasas y el desarme de las Lefis.
Arabia, por su parte, anunció que evalúa apelar la expulsión ante la jueza electoral María Servini de Cubría. Argumenta que nunca fue convocado formalmente a las reuniones del PRO y denuncia una sanción “discrecional e ilegítima”. El diputado recordó el antecedente del PRO Córdoba, cuya intervención partidaria, dispuesta también por Macri, fue dejada sin efecto por la Justicia Electoral. Si la apelación prospera, el conflicto podría escalar a un terreno judicial y abrir un nuevo capítulo en la fractura amarilla.
En paralelo, los sectores más críticos dentro del partido temen que la implosión se traduzca en una derrota estratégica en 2027, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, bastión histórico del PRO. Macri, advierten, corre el riesgo de quedar como el “mariscal de la derrota” de un partido que alguna vez gobernó el país y que hoy se debate entre la subordinación a Milei y la diáspora de sus cuadros.
Lejos de cerrar heridas, la expulsión de Arabia y Walter expuso con crudeza el dilema que enfrenta el PRO: acompañar sin condiciones a Javier Milei o intentar recomponer una identidad propia que lo mantenga en pie. En esa encrucijada, Macri parece haber elegido el primer camino, aunque a costa de fracturar su relación con Patricia Bullrich y de poner en riesgo la existencia misma del partido que fundó hace más de veinte años.