El miércoles 23 de julio de 2025, el gobierno nacional convocó a autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario y otros referentes del sistema agroexportador para avanzar en la licitación del dragado de la Vía Navegable Troncal del río Paraná. El objetivo oficial es definir los pliegos y adjudicar el control del cauce a las empresas ganadoras, con un calado proyectado de hasta 44 pies de profundidad para facilitar el paso de buques de gran porte.
Al mismo horario, la Campaña Remar Contracorriente por el agua, la vida y la soberanía convoca a una asamblea interdisciplinaria en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, a las 9 h, para expresar el rechazo de comunidades ribereñas, pueblos originarios, ambientalistas, legisladores y organizaciones sociales. Los convocantes buscan visibilizar una “audiencia simbólica” que incorpore voces históricamente marginadas del debate oficial.
Desde los sectores críticos denuncian que el llamado a licitación se realizó “de espaldas al río” y sin estudios de impacto ambiental previos. Alertan que la entrega del mantenimiento y dragado a operadores extranjeros podría profundizar un modelo extractivista —con posible riesgo para los humedales y la fauna ictícola— y favorecer a multinacionales y grandes navieras en detrimento de las economías locales.
Este pulso entre economía y ecología remite a la fallida concesión de febrero de 2025, cuando el proceso inicial de privatización de la hidrovía –que buscaba ingresos de 410 millones de dólares anuales– quedó trunco tras recibir una única oferta, la de la belga DEME, y denuncias de favorecimientos irregulares. Hoy, la nueva licitación despierta las mismas sospechas de falta de competencia y transparencia.
En los pasillos del CPC y en las orillas del Paraná, la disputa se juega entre la promesa de “mejorar la competitividad exportadora” y la defensa de la soberanía hídrica.
