El máximo tribunal chaqueño declaró abstracta la apelación del gobierno de Leandro Zdero y evitó resolver una controversia central sobre el cumplimiento de una sentencia salarial. Los docentes siguen esperando una solución, mientras crecen los interrogantes sobre la independencia judicial. A nivel nacional, el reciente sobreseimiento de Milei en el caso $LIBRA suma otra controversia.
Hay una sentencia favorable a los docentes chaqueños, pero su cumplimiento sigue sin resolverse. El viernes 23 de octubre, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró abstracta la apelación del gobierno de Leandro Zdero contra el plazo de 30 días hábiles que había fijado la Cámara Laboral para presentar un proyecto de actualización salarial.
La decisión, adoptada por tres votos contra dos, evitó definir si la Cámara tenía facultades para establecer ese plazo. En los hechos, el Ejecutivo consiguió cerrar esa discusión procesal mientras continúa pendiente una respuesta concreta al reclamo docente.
Una sentencia que sigue esperando cumplimiento
El conflicto se remonta a la suspensión del pago de la cláusula gatillo en 2025. El 18 de marzo de este año, mediante la sentencia 70/26, el STJ ordenó al Gobierno adoptar medidas urgentes para garantizar la actualización de los salarios docentes, aunque dejó en manos del Ejecutivo y la Legislatura la definición del mecanismo.
Ante la falta de avances, la Cámara Laboral intimó al Gobierno a presentar una propuesta legislativa en 30 días hábiles. Zdero apeló esa decisión al considerar que las juezas habían excedido sus facultades.
La respuesta llegó con la sentencia 523/26. Los jueces Enrique Varela, Víctor del Río y Emilia Valle entendieron que la controversia había perdido actualidad porque el Ejecutivo ya había presentado, el 21 de septiembre, el proyecto de ley 2331/26.
La jueza Iride Grillo votó en contra y propuso mantener la intimación. Su argumento fue que presentar un proyecto no equivale necesariamente a cumplir una sentencia y que los tribunales deben garantizar que sus decisiones tengan efectos reales.
Alberto Modi también disintió, aunque por razones opuestas. Consideró que la Cámara se había extralimitado al imponer un plazo que el STJ no había establecido y propuso anular esa decisión.
La mayoría evitó pronunciarse sobre ambas cuestiones. La sentencia original permanece firme, pero el conflicto continúa abierto.
Un proyecto que tampoco convenció a la Cámara Laboral
La decisión del STJ llegó después de que la propia Cámara Laboral considerara insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno.
En una resolución del 16 de octubre, las juezas Silvia Suárez y Silvana Gómez señalaron que el proyecto oficial carece de una fórmula concreta de actualización salarial y de un índice que permita determinar los ajustes correspondientes a 2027.
La iniciativa de Zdero condiciona los incrementos a la disponibilidad presupuestaria, la recaudación y otros indicadores económicos, sin establecer una actualización automática vinculada a la inflación.
Mientras el Gobierno defiende la necesidad de respetar las restricciones fiscales, los docentes reclaman una herramienta que permita recuperar y preservar el poder adquisitivo de sus salarios.
La Federación SITECH solicitó agravar las sanciones económicas por incumplimiento judicial. La Cámara convocó para el jueves 29 de octubre a una audiencia con el gobernador, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, y representantes gremiales.
Mientras la Cámara intenta hacer cumplir una sentencia, el máximo tribunal provincial cerró la controversia sobre el plazo sin resolver si aquella intimación era válida.
El resultado favorece la posición procesal del Ejecutivo y vuelve a instalar una pregunta sobre la capacidad de la Justicia para exigirle al poder político que cumpla sus obligaciones.
La independencia judicial y la sombra del caso $LIBRA
La preocupación por la independencia judicial también encuentra motivos de discusión a nivel nacional.
El mismo 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los demás investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el mandatario en febrero de 2025.
La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Eduardo Taiano, sin que los investigados fueran citados a declaración indagatoria y con medidas probatorias que quedaron inconclusas.
Existe, además, una circunstancia que merece atención. El 14 de julio, apenas tres meses antes del sobreseimiento, Milei firmó el Decreto 589/2026, mediante el cual designó jueza federal de Hurlingham a Ana María Cristina Juan, esposa de Martínez de Giorgi.
Esa relación familiar y la proximidad entre las decisiones plantean interrogantes sobre la transparencia y las garantías de independencia que deben rodear las actuaciones judiciales cuando involucran a las máximas autoridades del país.
En Chaco, esas preocupaciones institucionales tienen consecuencias concretas. Miles de docentes siguen esperando que una sentencia favorable se traduzca en una actualización efectiva de sus salarios.
La democracia necesita jueces independientes, capaces de controlar a quienes gobiernan y de hacer cumplir sus propias sentencias, incluso cuando incomodan al poder.
Porque si la Justicia reconoce derechos, pero no consigue hacerlos cumplir frente al poder político, ¿de qué democracia estamos hablando?