En una de las votaciones más sensibles del año, el oficialismo se vio obligado a retroceder y aceptar modificaciones impulsadas por la oposición y por las organizaciones vinculadas al sector de discapacidad para evitar una nueva derrota política en la Cámara de Diputados.
La iniciativa terminó aprobándose con 237 votos afirmativos, un respaldo abrumador que evidenció el aislamiento en el que había quedado la posición original del Gobierno. El proyecto incorpora garantías presupuestarias, preserva derechos adquiridos y corrige aspectos que habían generado fuerte rechazo tanto entre las organizaciones como entre bloques dialoguistas.
El giro oficialista no fue producto de una convicción repentina sino de una necesidad política. La redacción inicial, impulsada tras la presentación del Presupuesto 2027, había encendido alarmas porque el capítulo dedicado al área implicaba recortes y cambios que las entidades consideraban una amenaza directa para las prestaciones y las pensiones. Con los números en contra y el riesgo de sufrir una derrota contundente, Martín Menem habilitó una negociación que hasta pocas horas antes parecía imposible.
Un papel clave tuvo el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, quien trasladó a la conducción de la Cámara los reclamos recogidos durante reuniones con representantes del sector. Sin embargo, buena parte de la redacción definitiva terminó siendo elaborada junto a legisladores de Unión por la Patria, que lograron incorporar varias de las demandas que las organizaciones venían planteando desde hacía meses.
Entre los cambios incluidos figuran la garantía de fondos adicionales del Tesoro en caso de insuficiencia presupuestaria, la actualización mensual de las prestaciones por inflación, mecanismos para evitar la pérdida de recursos reales por beneficiario y mayores resguardos frente a eventuales suspensiones de pensiones. También se establecieron plazos para que el Estado regularice deudas con prestadores y se reforzó la protección de derechos laborales vinculados al empleo protegido.
Durante el debate quedó expuesta una contradicción que la oposición aprovechó para remarcar. Mientras el Gobierno intentó presentar el nuevo texto como una solución superadora, varios diputados recordaron que había sido la propia administración de Javier Milei la que había vetado previamente la Emergencia en Discapacidad y promovido artículos presupuestarios cuestionados por el sector.
La sesión también mostró una dinámica política poco habitual en el oficialismo. Después de meses de sostener una estrategia basada en la confrontación y la negativa a realizar concesiones, La Libertad Avanza terminó aceptando modificaciones profundas tanto en este proyecto como en otras iniciativas discutidas durante la misma jornada. En los bloques opositores interpretaron la decisión como una muestra de debilidad parlamentaria más que como una búsqueda genuina de consensos.
Pese al resultado favorable, las organizaciones mantienen la cautela. El antecedente de vetos presidenciales y las tensiones abiertas entre el Congreso y la Casa Rosada alimentan las dudas sobre el futuro de la norma. La amenaza de un veto total o parcial sigue sobrevolando el debate, especialmente porque varios de los puntos incorporados contrastan con el enfoque de ajuste fiscal que el Ejecutivo viene defendiendo.
Con una aprobación cercana a los dos tercios, la Cámara de Diputados envió una señal política contundente al Senado y también a la Casa Rosada. El mensaje fue claro: frente a la presión social y la construcción de una mayoría transversal, el Gobierno tuvo que abandonar la intransigencia y aceptar cambios que hasta hace apenas unos días rechazaba de plano. Ahora la discusión se trasladará al Senado, donde comenzará una nueva etapa de una disputa que está lejos de concluir.