El gobernador envió a la Legislatura un proyecto para acercar los salarios de determinados magistrados y funcionarios a la media nacional. Los gremios judiciales rechazan que la mejora deje afuera al resto del personal.
Leandro Zdero envió a la Cámara de Diputados del Chaco un proyecto de ley que crea un concepto salarial denominado “Intangibilidad” para determinados magistrados y funcionarios judiciales. La iniciativa propone alcanzar gradualmente la media nacional de cargos equivalentes en un plazo de dos años y ya generó resistencia entre los gremios del sector.
Quienes ingresen al nuevo régimen dejarían de percibir el “Adicional Remunerativo” y el “Ajuste por Revisión” de la Ley 3424-A, que continuarían vigentes para los demás empleados. El Ejecutivo fundamenta la propuesta en las sentencias sobre intangibilidad salarial, especialmente en la causa “Alonso de Martina”.
La decisión plantea un interrogante que el Gobierno debe responder. ¿Por qué Zdero impulsa una protección salarial para determinados jueces mientras restringe las herramientas de recomposición de otros trabajadores públicos?
El contraste más claro aparece en la docencia. Después de que la Provincia dejara de aplicar la cláusula gatillo en julio de 2025, los sindicatos recurrieron a la Justicia. En mayo de este año, la Cámara Laboral intimó al Ejecutivo a enviar un proyecto que contemplara un mecanismo de actualización. También allí hay derechos reclamados y órdenes judiciales que cumplir.
A ese antecedente se suma el de los trabajadores de Producción. En febrero, más de 25 directores de carrera denunciaron que los cambios en el Fondo Estímulo Productivo habían provocado pérdidas de entre el 60% y el 80% de sus ingresos. El ministro Oscar Dudik defendió la revisión del cálculo como una corrección de irregularidades; los empleados la señalaron como un recorte salarial que golpeó directamente a sus familias. Mientras esos trabajadores reclamaban recuperar lo que cobraban, para determinados magistrados el Gobierno propone una garantía de recomposición hacia la media nacional.
De Rozas a Zdero, una discusión que sigue abierta
Los salarios judiciales ya habían generado conflictos durante el gobierno de Ángel Rozas. En 1996, un grupo de jueces y funcionarios se opuso al aporte solidario promovido por la administración provincial. La protección constitucional de sus haberes había llevado a establecer una adhesión voluntaria.
El expediente que hoy invoca Zdero comenzó después, en 2005. “Alonso de Martina” atravesó distintas gestiones y llegó a la Corte Suprema, que en 2019 cuestionó que el tribunal provincial fijara salarios presentes y futuros, una atribución de los poderes políticos. El recorrido posterior derivó en órdenes para que el Ejecutivo y la Legislatura instrumentaran la recomposición.
Son episodios distintos de una disputa persistente. Cumplir las sentencias es una obligación del Estado. Elegir cómo hacerlo y qué recursos destinar exige explicar las prioridades de la gestión.
“Un cachetazo” para los empleados judiciales
El rechazo viene también de quienes sostienen el trabajo cotidiano de los tribunales. Este lunes 7 de septiembre, los gremios se manifestaron contra un posible “desenganche”, que separaría la evolución de sus salarios de la de los jueces. Defienden la relación porcentual entre los distintos cargos como un derecho adquirido.
Graciela Aranda advirtió que el nuevo concepto beneficiaría a jueces o demandantes y dejaría afuera al resto del personal. También cuestionó la reapertura del expediente, al sostener que la sentencia de 2020 había sido considerada cumplida en 2021.
La dirigente objetó que intervengan magistrados cuyos intereses salariales podrían verse alcanzados por lo que resuelvan. “Son jueces y parte”, afirmó. Y describió el malestar entre empleados, jubilados y pensionados como “un cachetazo para los trabajadores”. La intergremial anticipó reuniones para definir nuevas medidas.
Antes de aprobar el proyecto, los diputados deberían exigir precisiones sobre cuántas personas se beneficiarían, cuánto costará y de dónde saldrán los fondos. Imputar el gasto al presupuesto del Poder Judicial apenas indica dónde se contabilizará.
La intangibilidad tiene fundamento constitucional. Esa garantía merece respeto, al igual que los reclamos de quienes enseñan, atienden en hospitales o trabajan en los juzgados.
La pregunta para Zdero sigue pendiente. ¿Por qué busca asegurar a unos una recomposición ligada a la media nacional mientras a otros les quita mecanismos para defender sus ingresos frente a la inflación?
Fuente: Agustina Bottini.