En el día 13 de mayo, Chaco sumó dos episodios graves para la libertad de expresión, por un lado una querella criminal contra el periodista Roberto Espinoza y por otro la detención de Fernando Ojeda, cronista de TV Local de Margarita Belén, luego de intentar entrevistar al gobernador Leandro Zdero durante una actividad oficial.
La querella fue promovida por Marcos Resico, secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno provincial, por supuestas calumnias e injurias contra Espinoza. La presentación apunta contra publicaciones y declaraciones del periodista vinculadas a presuntos hechos de corrupción, enriquecimiento ilícito, adjudicaciones irregulares y ocultamiento patrimonial.
Roberto Espinoza habló con ADN Litoral y calificó la denuncia como “una locura” y “un ataque a la libertad de expresión” por parte del Gobierno de Zdero. Para el periodista, la presentación judicial forma parte de un clima de presión sobre las voces críticas en la provincia.
La vía penal como mensaje político
Cuando un funcionario público recurre a una querella criminal contra un periodista por expresiones vinculadas a asuntos de interés público, el caso supera la disputa personal y genera un efecto disciplinador sobre el resto de la prensa, especialmente en una provincia donde la pauta oficial pesa fuerte sobre el sistema de medios.
Resico encabeza la Secretaría de Asuntos Estratégicos, área bajo cuya órbita funciona la estructura estatal de comunicación y control de pauta. Es decir, el funcionario que está a cargo del esquema político de comunicación oficial es quien impulsa una querella penal contra un periodista crítico.
El segundo episodio ocurrió en Margarita Belén. Fernando Ojeda intentó hacer preguntas al gobernador Zdero sobre la situación del agua potable en la localidad. En ese momento y frente a los ojos del gobernador Zdero fue detenido por personal policial y permaneció varias horas en la comisaría local. La acusación giró alrededor de un supuesto desorden y de la presunta violación de un perímetro de seguridad.
Video: redes sociales de Roberto Espinoza.
El hecho agrava el clima político para un gobierno al que le cuesta "caminar la calle" sin encontrarse con preguntas y reclamos de la ciudadanía. Un periodista que cubre una actividad oficial, intenta preguntar por un servicio básico y termina privado de su libertad. Si bien la seguridad de un mandatario puede organizar operativos razonables, ninguna autoridad democrática debería convertir una pregunta en un problema policial.
Preguntar no puede ser delito
En Chaco, los últimos episodios muestran una relación cada vez más tensa entre el poder político de Leandro Zdero y la prensa que no acepta funcionar con un mensaje complaciente.
Una querella criminal contra un periodista y la detención de un cronista por intentar entrevistar al gobernador marcan un límite peligroso.
La democracia chaqueña necesita funcionarios que respondan preguntas y policías que no confundan periodismo con desorden. Cuando preguntar empieza a ser difícil, a tener un costo personal para los periodistas críticos, se resiente la calidad de institucional chaqueña y queda la pregunta: ¿Porqué Zdero y sus funcionarios no responden las preguntas?