Una cautelar del juez Julián Flores frenó al IPDUV y suspendió cualquier sorteo, entrega o nueva adjudicación sobre el plan de 238 viviendas hasta que haya sentencia definitiva.
La Justicia chaqueña le puso un freno al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda en el conflicto por las 238 viviendas de General San Martín. El juez Julián Flores, del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de Resistencia, dictó una medida cautelar de no innovar y ordenó al organismo abstenerse de avanzar con sorteos, entregas, adjudicaciones, cesiones o modificaciones sobre las unidades habitacionales del plan “Casa Propia Construir Futuro”.
La resolución impacta directamente sobre la estrategia de la gestión de Leandro Zdero, que había impulsado una nueva convocatoria para inscribir postulantes y avanzar con sorteos en esa localidad. El planteo judicial fue presentado por beneficiarios que sostienen haber recibido adjudicaciones durante 2023, con documentación firmada por el propio organismo provincial.
La cautelar que frena al Instituto de Vivienda
El juez consideró verosímil el reclamo de los adjudicatarios a partir de la documentación incorporada al expediente. Entre los elementos presentados figuran declaraciones juradas, autorizaciones de ocupación, actas administrativas y constancias vinculadas al proceso de adjudicación anterior.
La medida también tomó en cuenta la situación social de los demandantes. En el grupo hay madres con hijos a cargo, personas con problemas de salud y beneficiarios que acreditaron condiciones especiales para acceder a una vivienda digna. Para el juzgado, permitir nuevos sorteos mientras el amparo sigue en trámite podía alterar de manera irreversible la situación de esas familias.
La causa, identificada como Expte. 6075/2026, continuará hasta sentencia definitiva. Mientras tanto, el IPDUV deberá mantener sin cambios el estado de las viviendas alcanzadas por el conflicto. Además, la resolución impuso al organismo el pago de $1.849.640 en costas judiciales.
El conflicto por las adjudicaciones de 2023
El Gobierno provincial venía difundiendo la inscripción para el sorteo de viviendas en General San Martín. Esa decisión abrió el conflicto con familias que aseguran haber sido adjudicatarias en 2023, durante la gestión anterior del Instituto de Vivienda.
El ex presidente del organismo, Diego Arévalo, sostuvo que esas adjudicaciones fueron acordadas entre el municipio de General San Martín y el propio IPDUV. Según afirmó, ese acuerdo existe y fue omitido por las actuales autoridades en la discusión pública.
La justicia deberá determinar si esas adjudicaciones mantienen validez y qué margen tiene la actual gestión para revisar el procedimiento. La cautelar ya fijó un límite concreto. El Estado provincial deberá esperar la sentencia de fondo antes de avanzar sobre viviendas que varias familias consideran legítimamente adjudicadas.
Un golpe político para la gestión Zdero
La administración de Zdero presentó los sorteos como una herramienta de transparencia, pero el expediente expone documentación previa, familias con condiciones sociales acreditadas y actos administrativos firmados por el propio Instituto de Vivienda.
El Gobierno de Zdero cuestiona el mecanismo aplicado en General San Martín, aunque en otros complejos habitacionales se utilizaron criterios de adjudicación directa o procedimientos similares. Esa contradicción fortalece el reclamo de los adjudicatarios y debilita el argumento oficial.
Hasta que haya sentencia definitiva, las viviendas de General San Martín quedan bajo resguardo judicial. Para las familias que reclamaron y que esperan una casa desde hace años, la cautelar representa un primer triunfo. Para la gestión de Zdero, marca un revés institucional y político.