La Alerta Sofía se activó 80 horas después de la denuncia.
La desaparición de Agostina Vega volvió a poner bajo cuestionamiento la capacidad de reacción y coordinación de los organismos de seguridad ante casos de extrema gravedad. Recién este miércoles por la tarde, más de ochenta horas después de realizada la denuncia, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó oficialmente la Alerta Sofía para intentar localizar a la adolescente de 14 años desaparecida desde el sábado por la noche.
La demora generó fuertes interrogantes sobre el funcionamiento de un protocolo que justamente fue creado para actuar de manera urgente en situaciones de alto riesgo que involucran a menores de edad.
Mientras la búsqueda avanzaba con allanamientos y medidas judiciales, durante gran parte de las primeras horas críticas el sistema nacional de alerta permaneció inactivo. Desde el Ministerio de Seguridad nacional aseguraron inicialmente que no habían recibido ningún pedido formal para activar el mecanismo ni por parte del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, ni desde la fiscalía a cargo de Raúl Garzón, ni tampoco desde el Ministerio de Seguridad provincial.
La situación dejó expuesta una preocupante descoordinación entre los distintos organismos responsables en un caso donde cada minuto puede resultar determinante.
La Alerta Sofía fue finalmente difundida con la descripción física de la adolescente: “Es de tez trigueña, de contextura delgada, con pelo oscuro negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes o piercings. Vestía un buzo tipo canguro de color bordo con letras en verde, un jean negro tipo Oxford y zapatillas blancas”.
El comunicado oficial solicita que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a la línea gratuita 134, disponible las 24 horas.
La activación del sistema implica un protocolo especial de búsqueda urgente que permite ampliar la difusión del caso a nivel nacional mediante alertas masivas, controles reforzados en rutas y accesos, y notificaciones enviadas a teléfonos celulares. Precisamente por eso crecen ahora los cuestionamientos sobre por qué una herramienta diseñada para actuar de inmediato terminó implementándose más de tres días después de iniciada la búsqueda.
En paralelo, la investigación judicial sumó nuevos elementos tras un allanamiento en el que se habría encontrado información comprometedora para el detenido que aparece vinculado al caso. La madre de Agostina también aseguró públicamente que se trata de “la última persona que la vio”.
El caso ya instaló un debate inevitable sobre los tiempos de respuesta del sistema y sobre la necesidad de revisar los mecanismos de coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y autoridades nacionales cuando desaparece un menor de edad.