El nuevo informe técnico del Fondo Monetario Internacional dejó al descubierto una de las principales inconsistencias del relato económico del gobierno de Javier Milei: el supuesto superávit fiscal que la administración libertaria exhibe como emblema de gestión no sería tal si se computan plenamente los intereses de la deuda emitida por el Tesoro.
Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en presentar el equilibrio fiscal como la prueba central del éxito del ajuste, el propio FMI reconoció en la letra chica de su reporte que las cuentas públicas continúan en terreno deficitario bajo criterios financieros más amplios.
La observación aparece en una nota técnica del documento elaborado tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina, donde el organismo admite que, si se incorporan los intereses capitalizados de determinados bonos emitidos por el Tesoro, “el déficit total ascendería aproximadamente al 0,8% del PBI”.
Se trata de los denominados bonos capitalizables, instrumentos financieros que permiten postergar el pago de intereses acumulándolos al capital final de la deuda. Es decir, el Estado evita desembolsos inmediatos, pero incrementa de manera acelerada el monto total que deberá afrontar en el futuro.
La operatoria permitió al Gobierno mostrar una reducción artificial del gasto corriente y sostener el discurso del “déficit cero”, aunque trasladando obligaciones crecientes hacia los próximos años.
En términos prácticos, el informe del FMI pone en discusión uno de los pilares políticos y comunicacionales de la gestión Milei: la idea de haber alcanzado un ordenamiento fiscal definitivo a partir de un ajuste histórico sobre jubilaciones, salarios públicos, universidades, obra pública y programas sociales.
El organismo internacional, además, dejó en claro que la estabilidad del esquema económico todavía depende de fuertes niveles de endeudamiento, acceso permanente a financiamiento externo y nuevas reformas estructurales.
En paralelo con la aprobación de un nuevo desembolso por 1.000 millones de dólares, el Fondo delineó una hoja de ruta que incluye mayor apertura financiera, flexibilización cambiaria y profundización del programa de reformas impulsado por el Gobierno.
Entre los puntos centrales aparece la necesidad de acelerar privatizaciones y avanzar con mecanismos de financiamiento para afrontar los fuertes vencimientos de deuda que se concentran en los próximos años.
El esquema planteado contempla nuevas emisiones en dólares, acuerdos financieros respaldados por organismos multilaterales y venta de activos estatales para reforzar reservas y sostener el programa económico.
El FMI también volvió a insistir sobre una reforma previsional de fondo, uno de los capítulos más sensibles del informe.
Bajo argumentos vinculados a la “sustentabilidad” del sistema jubilatorio, el organismo plantea avanzar hacia cambios que incluyen una eventual suba de la edad jubilatoria, revisión de regímenes especiales y limitaciones al acceso mediante moratorias previsionales.
El documento además propone reforzar el vínculo entre aportes y haberes, una fórmula que podría afectar especialmente a trabajadores informales o con trayectorias laborales discontinuas.
Las recomendaciones reabren un debate históricamente conflictivo en Argentina, donde distintos gobiernos intentaron avanzar sobre el sistema previsional en contextos de ajuste fiscal y presión de organismos internacionales.
Otro de los reclamos del FMI apunta al régimen cambiario. Aunque el Gobierno mantiene controles parciales sobre el mercado de divisas, el organismo pidió avanzar hacia una mayor flexibilidad y profundizar el desarme de restricciones.
La preocupación central del Fondo sigue siendo la acumulación genuina de reservas del Banco Central de la República Argentina, un objetivo que todavía aparece lejos de consolidarse pese al fuerte ajuste recesivo aplicado desde diciembre de 2023.
El informe reconoce cierta desaceleración inflacionaria y mejoras fiscales de corto plazo, pero advierte que “los riesgos continúan elevados” y que la economía argentina sigue extremadamente expuesta a tensiones financieras, volatilidad cambiaria y dificultades de financiamiento externo.
En ese contexto, el respaldo del FMI aparece acompañado de nuevas exigencias que podrían profundizar el ajuste sobre jubilados, trabajadores y sectores productivos, mientras el Gobierno busca sostener un delicado equilibrio financiero basado en deuda, licuación del gasto y apertura económica.
La discusión de fondo que deja planteada el propio organismo es incómoda para la Casa Rosada: si el superávit depende de mecanismos contables que postergan pagos y multiplican deuda futura, el supuesto ordenamiento fiscal podría resultar mucho más frágil de lo que el discurso oficial intenta mostrar.