El caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en hospitales chaqueños, sumó nuevos capítulos judiciales y políticos. La acusada fue notificada de una imputación vinculada a la muerte de Lorenzo Blanco, un paciente atendido en el hospital de Quitilipi, se presentó ante la Fiscalía de Investigación Penal N° 3 de Sáenz Peña y se abstuvo de declarar.
La investigación está a cargo del fiscal Marcelo Soto. Ojeda permanece detenida mientras se define su situación procesal. La causa incluye acusaciones por usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina y una imputación agravada por el fallecimiento de un paciente.
El expediente ya excede a la acusada. La Justicia busca establecer cómo ingresó al sistema público, quién autorizó sus guardias, qué documentación presentó, si cobró por esas prestaciones, cuántos pacientes atendió y qué controles fallaron para que una persona sin título habilitante trabajara como médica en centros sanitarios de la provincia.
Una junta médica y 1.232 pacientes bajo revisión
La próxima semana se realizará una junta médica para analizar la participación que pudo haber tenido Ojeda en la muerte de Lorenzo Blanco. Ese informe será clave para determinar el grado de responsabilidad que la Fiscalía le atribuye por la atención brindada en la guardia del Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi.
La defensa de Ojeda, representada por César López, anticipó que la acusada declarará más adelante, cuando tenga acceso completo a las denuncias incorporadas al expediente. “En su momento nuestra clienta va a declarar y explicará quién le firmó las contrataciones para que pudiera trabajar como personal de salud”, sostuvo el abogado.
El fiscal Soto reveló además un dato de fuerte impacto sanitario: Ojeda habría atendido a 1.232 pacientes en el hospital de Quitilipi entre mayo de 2025 y abril de 2026. La cifra obliga a revisar historias clínicas, indicaciones, certificados, registros de guardia y documentación firmada durante casi un año.
La investigación también incorporó testimonios que amplían el mapa de actuación. Una declaración de la presidenta de la fundación “Hoy Soy Yo” indicó que conoció a Ojeda en octubre de 2024, cuando habría atendido a un paciente en el hospital de Tres Isletas. Hasta ahora, el caso la vincula con Quitilipi y Presidencia de la Plaza, con menciones también a Tres Isletas, Pampa del Infierno y Villa Río Bermejito.
Otro elemento sensible surgió del allanamiento al domicilio de la acusada: se secuestraron insumos médicos, uniformes, documentación vinculada a pacientes, un sello del Hospital de Quitilipi y fragmentos de papeles quemados. La Justicia también investiga el uso de la matrícula profesional N° 6822, perteneciente a otro médico.
El Gobierno se presentó como querellante y desplazó al médico que denunció
En medio de la presión pública, el Gobierno provincial brindó una conferencia de prensa encabezada por la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, acompañada por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro.
Meiriño defendió la actuación oficial y sostuvo que el Ejecutivo activó los mecanismos institucionales desde el momento en que tomó conocimiento del caso. La cronología oficial choca con la situación de Orlando Di Núbila, jefe de la Región Sanitaria II, quien realizó la denuncia policial por supuesta usurpación de título y honores y luego fue desplazado de su cargo. El Gobierno presentó la medida como una separación preventiva para garantizar la investigación. En los hechos, apartó de la estructura sanitaria al médico que llevó la irregularidad a la Justicia.
La constitución como querellante ordena la estrategia judicial del Gobierno, pero la responsabilidad institucional sigue ubicada en el funcionamiento del propio sistema sanitario. El Estado provincial deberá explicar cómo una persona sin título pudo cubrir guardias, usar una matrícula ajena, atender pacientes y firmar documentación médica dentro de hospitales públicos.
La oposición apunta al Ministerio de Salud
Diputados del Frente Chaqueño llevaron el caso a la Justicia y pidieron investigar la responsabilidad del Ministerio de Salud. La denuncia apunta al ministro Sergio Rodríguez y a funcionarios del área sanitaria por posibles incumplimientos en los controles de ingreso, fiscalización y seguimiento del personal que prestaba servicios en hospitales.
La presentación reclama el resguardo de legajos, certificados de defunción, planillas de guardia, registros administrativos, pagos y documentación vinculada a los centros donde Ojeda habría trabajado.
Santiago Pérez Pons planteó en redes que el caso expresa “un sistema que no controló nada” y señaló que la falsa médica “firmó actas de defunción” y “cobró”. Sebastián Benítez Molas, presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, también cuestionó al Gobierno provincial y reclamó explicaciones sobre el ingreso, permanencia y desempeño de Ojeda dentro del sistema sanitario.
Para la oposición, la salida de Di Núbila agrava el escándalo porque desplaza del sistema al funcionario que denunció la irregularidad mientras el Ministerio de Salud intenta mostrarse como parte acusadora. El foco político apunta a la cadena de controles que permitió el ingreso, la permanencia y la actuación de Ojeda durante meses.
Una causa que golpea al sistema sanitario
El caso de la médica trucha golpea al Gobierno de Zdero en un área especialmente sensible, como lo es Salud Pública, que requiere controles elementales, trazabilidad administrativa y responsabilidad directa sobre cada profesional que atiende pacientes. En un hospital, una firma falsa puede comprometer un diagnóstico, una derivación, una receta, un certificado de defunción o la vida de una persona.
La causa sigue abierta y puede agravarse con nuevas denuncias, más certificados firmados o vínculos con otros fallecimientos. El caso de la médica trucha podría exponer una falla grave del Estado chaqueño en el control del sistema sanitario y en la protección de la salud pública.