Santiago Pérez Pons volvió a cargar contra el gobierno de Leandro Zdero por la política salarial docente y aseguró en sus redes sociales que la Provincia ya acumula una deuda del 29% en concepto de cláusula gatillo. El exministro de Economía sostuvo que, con el último dato de inflación, el oficialismo dejó que el salario pierda terreno y calificó la situación como una “decisión política” y una “estafa electoral”.
El dirigente opositor apuntó de lleno contra el compromiso que Zdero había asumido al comienzo de su gestión, cuando prometió sostener el poder adquisitivo docente mediante actualizaciones trimestrales atadas a la inflación. En su mensaje, Pérez Pons afirmó que el Gobierno “gestiona mal, llega tarde y deja a los docentes pagando el ajuste”, y cerró con un reclamo directo: “Devuelvan la cláusula gatillo. Cumplan con lo que prometieron”.
La crítica pega sobre un punto delicado para la gestión provincial. En marzo de 2024, el Gobierno del Chaco firmó con los sindicatos docentes un acta acuerdo para aplicar la cláusula gatillo de manera trimestral y la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, afirmó entonces que se iba a respetar ese mecanismo durante el ciclo lectivo.
Esa promesa también fue reiterada por el propio gobernador en distintos anuncios oficiales de 2024, cuando presentó la continuidad de la cláusula gatillo como parte de la política salarial para la docencia. Pero el pago dejó de sostenerse en 2025 y la suspensión del tramo correspondiente al segundo trimestre fue comunicada por el gobierno de Zdero, iniciando un conflicto que se judicializó y aún hoy continúa sin resolverse.
A esta situación se suma el nuevo dato de inflación de 3,4 % en marzo a nivel nacional. El índice confirma que la inflación sigue lejos de haberse apagado como problema y que, sin cláusula gatillo, los salarios docentes continúan perdiendo frente a la suba de precios.
Zdero prometió que los salarios docentes no iban a quedar por debajo de la inflación y hoy aparece acusado de haber incumplido ese compromiso. La cláusula gatillo, que al comienzo fue presentada como una garantía de recomposición, quedó convertida en uno de los frentes más incómodos para el Gobierno: una bandera de campaña transformada en incumplimiento.