Mahiques se aseguró una puerta de regreso: se otorgó licencia como jefe de fiscales porteños y firmó 130 nombramientos antes de asumir como ministro
El flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, dejó una polémica decisión antes de asumir en el gabinete de Javier Milei. En una serie de resoluciones firmadas horas antes de su desembarco en el Gobierno nacional, se otorgó a sí mismo una licencia por tiempo indeterminado como jefe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, designó a su reemplazante provisorio y realizó 130 nombramientos y promociones dentro del organismo.
Las decisiones generaron fuertes críticas dentro del ámbito judicial y sindical, donde fueron calificadas como una maniobra de “favoritismo y discrecionalidad”, además de interpretarse como un movimiento destinado a conservar poder dentro del sistema judicial porteño ante un eventual regreso si su paso por el Ministerio de Justicia fracasa.
La licencia se produjo en un contexto particular: a diferencia de otros funcionarios judiciales que pasan a ocupar cargos en el Poder Ejecutivo —quienes suelen solicitar permiso al procurador general— en este caso Mahiques se otorgó la licencia a sí mismo, en su condición de jefe del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. La legislación porteña lo habilita a hacerlo.
Como primera medida, designó como jefe interino a Javier Martínez López Zavaleta, un funcionario de carrera considerado cercano a su estructura interna. El cargo de jefe de fiscales de la Ciudad tiene una duración de siete años.
Pero la polémica no se limitó a esa decisión. Antes de dejar el cargo, Mahiques firmó resoluciones que incluyeron la creación de nuevas fiscalías, promociones y cambios de estructura que totalizan 130 designaciones dentro del organismo, sobre una planta cercana a los 2.200 empleados.
Las medidas fueron adoptadas a través de resoluciones firmadas a fines de febrero, entre ellas la número 018 y la 015. En ellas se invoca la Ley Orgánica del Ministerio Público porteño, que habilita al titular del organismo a reorganizar la estructura interna y reasignar personal según las necesidades del servicio.
Entre los movimientos se incluyen promociones interinas y cambios en cargos técnicos y administrativos dentro de distintas fiscalías, además de la creación de nuevas dependencias dentro del fuero Penal, Contravencional y de Faltas.
Sin embargo, la decisión generó un inmediato rechazo gremial. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación cuestionó duramente las designaciones.
En un comunicado, el sindicato sostuvo que las medidas “vuelven a poner en evidencia una práctica que lamentablemente se repite en el ámbito judicial de la Ciudad: el favoritismo y las designaciones discrecionales, muchas veces vinculadas a relaciones personales, familiares o políticas, en detrimento de trabajadores y trabajadoras que llevan años sosteniendo el funcionamiento del sistema judicial”.
La organización también criticó el marco normativo que permite este tipo de decisiones, señalando que en la Ciudad de Buenos Aires no existe una verdadera carrera judicial que garantice transparencia en los ascensos.
“Lejos de despedirse con transparencia y responsabilidad institucional, Juan Bautista Mahiques eligió dejar una estela de nombramientos discrecionales que profundizan las peores prácticas que degradan al sistema judicial”, concluyó el gremio.
Más allá de la polémica, dentro del mundo judicial se interpreta que el movimiento también tiene una lectura política. Con apenas 45 años, Mahiques es considerado un dirigente con proyección dentro del sistema judicial argentino y uno de sus objetivos a futuro sería disputar la jefatura del Ministerio Público Fiscal de la Nación, actualmente ocupada de forma provisoria por Eduardo Casal desde hace nueve años.
Para ese eventual salto, el ahora ministro mantiene vínculos transversales con distintos sectores del sistema político y judicial, entre ellos el histórico operador judicial del macrismo Daniel Angelici.
Así, antes de asumir en el Ministerio de Justicia, Mahiques dejó asegurado un anclaje institucional en la justicia porteña, una jugada que para sus críticos refuerza el control político sobre el sistema judicial y profundiza las prácticas que desde hace años se cuestionan dentro de los tribunales.