La ciudad de Corrientes fue escenario de una movilización en defensa del Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 (RI9), donde organizaciones de derechos humanos, familiares y ciudadanos realizaron un abrazo simbólico para reclamar garantías de preservación del sitio ante la incertidumbre sobre el futuro del predio. La actividad se realizó el martes 17 de febrero, en el marco de las acciones por los 50 años del golpe de Estado de 1976.
La convocatoria puso el foco en la necesidad de resguardar un lugar que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura y que hoy cumple una función de memoria, educación y transmisión histórica para la comunidad correntina. Los organizadores expresaron preocupación por negociaciones entre Nación y Provincia y por la falta de precisiones públicas sobre cómo se garantizaría la continuidad del espacio de memoria si avanzaran cambios sobre el inmueble.
Un reclamo por preservación y definición pública
La jornada incluyó recorridas y actividades de señalización en torno al ex RI9, con un mensaje central: que cualquier decisión sobre el predio contemple de manera explícita la protección del espacio donde se investigaron y probaron crímenes de lesa humanidad.
Referentes de derechos humanos advirtieron que la defensa del RI9 no responde a una disputa coyuntural, sino a la necesidad de preservar evidencia histórica, sostener visitas guiadas y mantener abierto un espacio de formación ciudadana para nuevas generaciones. Esa dimensión pedagógica fue uno de los ejes centrales de la convocatoria.
Qué se discute cuando se defiende el RI9
El ex Regimiento 9 ocupa un lugar central en la memoria de Corrientes por su rol durante el terrorismo de Estado. La preocupación actual se apoya también en antecedentes judiciales y en la propia historia de recuperación del lugar como espacio público de memoria.
El temor de los organismos se vincula a posibles definiciones sobre el resto del predio y a la ausencia de una comunicación oficial clara sobre los resguardos específicos del sitio histórico. Ese es el punto que explica la movilización: no solo se reclama memoria, también certezas institucionales sobre la preservación material y funcional del lugar.
Marco legal y una definición política pendiente
La defensa del RI9 se apoya en la Ley Nacional 26.691, que declara Sitios de Memoria a los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y establece su preservación, señalización y difusión. La normativa también reconoce el valor testimonial de estos espacios para la memoria colectiva y para las investigaciones judiciales por crímenes de lesa humanidad.
Por eso, el reclamo en Corrientes no se limita a un gesto simbólico. Lo que se exigió fue una definición pública y concreta de las autoridades sobre el futuro del Espacio de Memoria RI9, con garantías de continuidad como sitio histórico, educativo y de derechos humanos. En un año atravesado por la conmemoración de los 50 años del golpe, la preservación de estos lugares volvió al centro de la discusión pública y de la responsabilidad institucional.