Este miércoles 18 de febrero, desde las 9, el Gobierno provincial activó la audiencia pública para avanzar con una nueva actualización del cuadro tarifario de SECHEEP. El debate se realiza en el salón Kukolola de Pampa del Infierno y pone sobre la mesa dos llaves del costo final: el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el Cargo Tarifario Específico ligado al Plan de Obras 2024–2034.
La escena es conocida: tecnicismos, números grandes y una decisión que termina aterrizando, sin poesía, en la factura de hogares y comercios.
Qué se discute y por qué importa
Según los fundamentos técnicos difundidos en el marco de la convocatoria, el argumento central es el “desfasaje” entre la tarifa vigente y los costos operativos proyectados para 2026. En esa explicación, el VAD actual habría quedado atrasado porque fue calculado con precios de diciembre de 2023, mientras que desde entonces se registraron subas fuertes en variables clave: salarios, tipo de cambio e índice de precios mayoristas.
En paralelo, también se discute el Cargo Tarifario Específico que financia el Plan de Obras 2024–2034. En los documentos y notas sobre la audiencia se menciona que la inversión anual promedio prevista rondaba los $55.339,8 millones, pero que ese número ya no alcanzaría por el encarecimiento de materiales y equipamiento. Es decir, si la obra cuesta más, alguien la paga. Y ese “alguien” suele ser el usuario.
Sede lejos, difusión corta y participación cuesta arriba
La elección de Pampa del Infierno como sede y la baja visibilidad pública del proceso volvieron a encender críticas sobre el acceso real a una instancia que, por definición, debería facilitar participación y control ciudadano. En la práctica, la audiencia existe, pero no es lo mismo debatir tarifas en una cabecera provincial que hacerlo a cientos de kilómetros de donde se concentra la mayor cantidad de usuarios residenciales y comerciales.
Aun así, SECHEEP habilitó en su web un apartado específico de “Audiencia Pública 2026”, con material descargable y formulario de inscripción para oradores. Eso sirve, pero no reemplaza la obligación política básica: explicar con claridad qué aumento se busca, cómo se calcula y cuánto impacta por segmento de consumo.
El contexto: empleo en baja y menos empresas
Este debate tarifario llega con un telón de fondo poco amable. Los últimos informes sobre empleo registrado privado en Chaco mostraron que noviembre de 2025 cerró con 71.170 trabajadores formales en el sector privado y una caída acumulada importante respecto de noviembre de 2023. En el mismo clima, también se viene señalando una contracción fuerte en la cantidad de firmas empleadoras privadas en la provincia en los últimos dos años.
Cuando el ingreso real se achica y el mercado laboral se enfría, cualquier aumento en servicios básicos impacta directamente en la mesa familiar.
Lo más preocupante no es una audiencia en sí, sino la normalización del tarifazo permanente como método de gestión. Los aumentos no paran, los sueldos se estancan y la vida cotidiana queda cada vez más tomada por los servicios: luz, agua, transporte, internet, todo sube más rápido que cualquier paritaria real. En ese contexto, discutir el VAD como si fuera una planilla neutral es desconocer el efecto real en la calle: para miles de familias y comercios chicos, la tarifa ya funciona como un impuesto extra que se paga con menos comida, menos medicamentos o más deuda.