La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) y el sindicato ferroviario La Fraternidad confirmaron que se sumarán al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La medida, que será por 24 horas y coincidiría con el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, implicará la paralización total del transporte de pasajeros.
Con la adhesión de los gremios enrolados en la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte, el paro afectará colectivos, trenes, taxis y vuelos, configurando un escenario de virtual inmovilización en las principales ciudades del país. Desde el sector sindical advierten que la protesta no solo apunta al Ejecutivo, sino también a los legisladores que —según denuncian— estarían dispuestos a convalidar una reforma “regresiva” en materia de derechos laborales.
En un comunicado difundido este martes, UGATT señaló que “adhiere y acata plenamente” lo resuelto por el consejo directivo de la CGT y garantizó el “paro total de los medios de transporte de pasajeros”. El texto agrega que la medida se realiza “en defensa del trabajo argentino y del derecho a huelga”, y advierte que el día que se trate la reforma laboral “no habrá transporte”.
Desde La Fraternidad, conducida por Omar Maturano, ratificaron la decisión de paralizar completamente los servicios ferroviarios. En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo que en las bases sindicales “hay inquietud y reclamo de pelea”, en alusión al malestar creciente frente al proyecto oficial.
La conducción de la CGT resolvió avanzar con el paro general sin movilización, aunque la fecha definitiva será anunciada en conferencia de prensa. La convocatoria se produciría el mismo día en que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral, en una jornada que promete alta tensión política y sindical.
En el movimiento obrero crecen las críticas no solo al contenido de la iniciativa —que contempla cambios en indemnizaciones, jornada laboral, derecho a huelga, vacaciones y licencias por enfermedad— sino también a los diputados que, según los gremios, estarían “negociando a espaldas de los trabajadores” para facilitar su aprobación. Dirigentes sindicales hablan abiertamente de “legisladores funcionales al ajuste” y advierten que la votación dejará expuestos a quienes respalden el proyecto.
El ala más combativa del sindicalismo, nucleada en el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integra a la UOM, ATE, Aceiteros y las dos CTA, ya había anticipado un paro con movilización masiva al Congreso. La presión interna sobre la CGT se intensifica ante un clima social atravesado por despidos, caída del consumo y conflictividad creciente.
La reforma laboral se convirtió así en un nuevo foco de confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero. Mientras el oficialismo defiende los cambios como necesarios para “modernizar” el mercado laboral y fomentar el empleo, los gremios sostienen que se trata de un retroceso histórico en derechos conquistados y advierten que la respuesta en las calles y en los lugares de trabajo será proporcional al avance del proyecto en el Congreso.