La CGT acelera un paro general frente a una reforma laboral que avanza sobre derechos adquiridos y desafía la Constitución
En un clima de creciente tensión social y política, la CGT adelantó para este lunes la reunión de su Consejo Directivo con el objetivo de debatir un paro general de 24 horas el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión no es un gesto aislado: responde a la gravedad institucional de una iniciativa que modifica de manera sustancial reglas históricas del derecho del trabajo y que, según la central obrera, vulnera garantías de rango constitucional.
El triunvirato cegetista —integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio)— resolvió anticipar el encuentro ante la posibilidad de que Diputados sesione el jueves 19. El debate interno dejó de ser táctico para convertirse en estratégico: la discusión ya no pasa por cómo negociar cambios, sino por cómo frenar lo que consideran un retroceso sin precedentes en materia de derechos laborales.
La reforma, que obtuvo media sanción en el Senado, introduce modificaciones profundas en aspectos sensibles como indemnizaciones, licencias por enfermedad, regulación de asambleas sindicales y derecho de huelga en servicios esenciales. Para la CGT, el proyecto no solo es regresivo, sino que además viola principios constitucionales básicos.
En un documento interno, la central advirtió que la iniciativa es “contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional”. El argumento central se apoya en el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos sociales, consagrado tanto en la Constitución como en pactos internacionales que tienen jerarquía superior a las leyes. Dicho principio impide que el Estado reduzca derechos ya reconocidos sin una justificación excepcional y debidamente fundada, algo que —según los gremios— no ocurre en este caso.
Uno de los puntos más controvertidos es la reducción de los ingresos durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado establece que, en determinados supuestos, el trabajador percibirá solo el 50% o el 75% de su salario. El propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la medida al señalar que busca desalentar licencias “prácticamente eternas”. Para la CGT, esa lógica coloca la sospecha sobre el trabajador enfermo y lo obliga a atravesar un cuadro médico con una merma salarial significativa, precisamente cuando enfrenta mayores gastos.
Desde la óptica sindical, se trata de un cambio de paradigma: el trabajador deja de ser sujeto de tutela especial para convertirse en variable de ajuste. La reforma, sostienen, altera la esencia protectoria del derecho laboral argentino, que históricamente reconoció la desigualdad estructural entre empleador y empleado como fundamento de una regulación específica.
Además, los gremios cuestionan la regulación más estricta del derecho de huelga y las limitaciones a las asambleas sindicales. Consideran que tales disposiciones afectan la libertad sindical y el derecho de acción colectiva, también protegidos por la Constitución y por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De hecho, la CGT subraya que toda reforma laboral debería surgir de un proceso tripartito genuino entre Estado, empleadores y trabajadores, algo que —afirman— no ocurrió.
En el plano político, el oficialismo busca acelerar el tratamiento en Diputados para convertir la reforma en ley cuanto antes. Sin embargo, existen resistencias incluso entre aliados circunstanciales, especialmente por artículos incorporados a último momento que no fueron consensuados. La posibilidad de que el proyecto sufra nuevas modificaciones o deba regresar al Senado es vista por la central obrera como una ventana de oportunidad para frenar lo que consideran una avanzada inconstitucional.
La discusión interna en la CGT también refleja el dilema entre moderación y confrontación. El sector dialoguista había apostado inicialmente a la negociación parlamentaria, pero las presiones de las bases y de sectores más combativos obligaron a endurecer la postura. El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que agrupa a gremios como la UOM, ATE, Aceiteros y las CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso cuando el proyecto se trate en Diputados, marcando el ritmo de una conflictividad en ascenso.
En este contexto, el paro general aparece como un intento de la CGT de retomar la iniciativa y expresar un rechazo contundente a una reforma que, según su lectura, no solo modifica normas laborales, sino que redefine el contrato social entre capital y trabajo. Para los gremios, el Congreso no está discutiendo meros ajustes técnicos, sino la desarticulación de derechos adquiridos a lo largo de décadas.
Más allá de la pulseada parlamentaria, el debate de fondo es institucional: si el Estado puede retroceder en la protección del trabajo bajo el argumento de la desregulación y la eficiencia económica, o si esos límites están fijados por la Constitución y los tratados internacionales. La respuesta, advierten en la CGT, no solo se jugará en el recinto, sino también en los tribunales.
Fuente: Infobae