Denuncian que fue un esquema de financiamiento encubierto de La Libertad Avanza y que no es la primera vez, ya hay antecedentes.
A doce meses del lanzamiento y colapso de la criptomoneda $Libra —promocionada públicamente por el presidente Javier Milei el 14 de febrero de 2025— la causa judicial suma nuevos cuestionamientos y vuelve a poner en el centro del debate el presunto uso de esquemas cripto como mecanismo de financiamiento político.
Según estimaciones de las firmas de análisis blockchain Arkham y Hanses, el token recaudó alrededor de 280 millones de dólares en apenas cinco horas. A nivel global, los damnificados habrían sido unos 75 mil inversores. La magnitud del caso supera ampliamente a otros antecedentes resonantes: “Para que se den una idea, las víctimas de Generación Zoe fueron entre 6 y 8 mil personas”, comparó Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa, en declaraciones a Radio 750.
Romeo sostiene que el esquema replicó un patrón clásico dentro del universo cripto: creación de un token, promoción a través de figuras públicas de alto perfil, captación masiva de fondos y retiro abrupto de liquidez por parte de los organizadores cuando el precio alcanza su pico. En el caso de $Libra, señaló como responsables operativos a Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
“En el ecosistema cripto cualquiera con conocimientos de programación puede crear una moneda. Se la posiciona como si fuera una acción tecnológica de alto potencial, se genera expectativa, entra el dinero y, cuando llega el punto más alto, los creadores venden y se retiran”, explicó Romeo.
La acusación va más allá del fraude financiero. El querellante afirmó que $Libra habría sido “un eslabón más” dentro de un supuesto mecanismo sistemático de recaudación para La Libertad Avanza a través de emprendimientos cripto de alto riesgo. Según su versión, Davis, Novelli y Terrones Godoy actuaban como intermediarios en el ecosistema blockchain y mantenían vínculos directos con el entorno político del oficialismo.
En esa línea, Romeo recordó que el empresario cripto Charles Hoskinson declaró en la causa que durante el Tech Forum Argentina de octubre de 2024 se le habría solicitado un aporte de 50 mil dólares para facilitar una audiencia con el entonces recientemente asumido Presidente. Hoskinson denunció un intento de soborno y su testimonio fue incorporado al expediente.
El expediente también menciona antecedentes polémicos vinculados al mandatario, como su promoción de CoinX cuando era diputado nacional, firma que luego fue denunciada por estafa. Para los querellantes, estos antecedentes configuran un patrón de conducta que excede el caso puntual de $Libra.
La investigación judicial tuvo un giro relevante en enero pasado, cuando la Cámara Federal instó al fiscal Eduardo Taiano y al juez Marcelo Martínez de Giorgi a acelerar la instrucción. Los camaristas consideraron que el período de recolección de pruebas ya resultaba suficiente y que existían elementos para avanzar hacia una eventual elevación a juicio oral.
El fallo también cuestionó el monto de embargo dispuesto —25 mil dólares para los imputados— al considerarlo exiguo frente a la dimensión económica del presunto fraude. Desde la querella sostienen que la investigación avanzó principalmente por impulso propio y por el aporte de periodistas e investigadores independientes.
“Este fallo nos da un voto de confianza. Venimos diciendo que hubo intentos de empantanar la causa y frenar medidas clave”, afirmó Romeo. De cara a las próximas semanas, espera que comiencen las indagatorias —aunque se mostró escéptico respecto de una eventual citación al Presidente— y que se amplíen los embargos y la aceptación de querellantes del exterior.
A un año del estallido de $Libra, el caso no solo expone la vulnerabilidad de miles de inversores frente a instrumentos financieros no regulados, sino que también abre un interrogante institucional más profundo: si la promoción de activos de altísimo riesgo desde la máxima investidura del país puede derivar en responsabilidades políticas y penales. La causa avanza, pero el impacto político sigue latente.
Fuente: Página 12