Este sábado 7 de febrero de 2026, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, pueblos originarios y disidencias sexuales realizaron en Resistencia la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista. La movilización partió del Hospital Julio C. Perrando y terminó frente a la Casa de Gobierno, con un documento que apuntó al ajuste nacional, a la reforma laboral impulsada por Javier Milei y a políticas que, según denunciaron, profundizan desigualdad, racismo y exclusión.
Del Perrando a Casa de Gobierno: qué se reclamó en la calle
El documento y las intervenciones públicas plantearon que la marcha buscó “defender la vida, la dignidad y el orgullo” y denunciaron un “ataque sistemático” que se expresa en cierres, precarización, recortes en salud y educación, y caída de ingresos. En ese marco, el rechazo a la reforma laboral fue el eje más nítido, junto con la convocatoria a un paro general, bajo la idea de que la iniciativa no crea empleo sino que recorta derechos.
Hubo además un paquete amplio de reclamos que conectó el ajuste con disputas concretas: críticas a un modelo económico que, según las organizaciones, favorece a grandes grupos económicos, bancos y terratenientes; cuestionamientos al endeudamiento y la relación con el FMI; y demandas ambientales como la vigencia plena de la Ley de Glaciares y la declaración de emergencia nacional por incendios forestales, con mención a la Patagonia.
Pueblos originarios, universidad y agenda de derechos
En clave local, uno de los tramos más sensibles fue el señalamiento del abandono estructural que atraviesan comunidades originarias. En ese punto, se reclamaron responsabilidades políticas al gobernador Leandro Zdero por la situación habitacional y social, y se exigió el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia Habitacional y Laboral, tras la muerte reciente de una joven wichi por el derrumbe del techo de su vivienda.
La defensa de la universidad pública también tuvo un lugar central: se advirtió que el ajuste presupuestario destruye salarios, congela partidas y recorta becas, y se rechazó cualquier avance hacia una universidad “elitista y arancelada”.
Desde las disidencias sexuales y de género se planteó una agenda con demandas de salud integral con perspectiva de derechos, acceso efectivo a la Ley de Identidad de Género, vivienda con presupuesto real, Educación Sexual Integral, fin de la violencia institucional, reparación histórica para personas travestis y trans mayores de 40 años y políticas para garantizar acceso y permanencia en la universidad.
Un mensaje político y una convocatoria que fue federal
La marcha de Resistencia se inscribió en una convocatoria nacional realizada en simultáneo en distintos puntos del país. En el plano federal, la segunda edición se organizó con el foco puesto en la precarización de la vida y en la reforma laboral que, según distintas coberturas, tendrá tratamiento en el Congreso en los próximos días.
El cierre frente a Casa de Gobierno dejó una definición sin vueltas: “ninguna vida es descartable”. En Resistencia, esa consigna operó como línea de demarcación política frente al ajuste y los discursos de odio, y como llamado a la unidad y a la organización para frenar retrocesos en derechos y condiciones de vida.