Separan a un agente tras denuncias de acoso y encubrimiento
El Servicio Penitenciario de la Provincia de Corrientes atraviesa una fuerte crisis institucional luego de la difusión pública de graves denuncias por acoso sistemático y abuso de autoridad que involucran a un agente de la fuerza. Tras la viralización de los testimonios en redes sociales y la creciente presión social, la jefatura dispuso el pase a disponibilidad del efectivo identificado con las iniciales P.E. y ordenó la apertura de un sumario administrativo.
Las acusaciones, difundidas inicialmente por víctimas y allegados, describen una conducta reiterada de violencia de género y hostigamiento hacia mujeres que integran la institución. Según los relatos, no se trataría de hechos aislados: el agente ya habría sido apartado anteriormente por situaciones similares, aunque logró reincorporarse a sus funciones en un contexto que las denunciantes describen como de protección interna.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta connivencia de la cúpula penitenciaria. Las denuncias señalan directamente al jefe del Servicio Penitenciario, Andrés Sotelo, a quien acusan de haber permitido el regreso del agente al servicio activo y de haber garantizado su permanencia pese a las advertencias previas.
Entre los episodios mencionados se destaca un caso que involucra a una secretaria del propio organismo, quien habría denunciado acoso por parte de P.E. Según el testimonio difundido, la respuesta institucional no fue sancionar al denunciado sino trasladar a la trabajadora a otra dependencia, una decisión que profundizó las sospechas de encubrimiento y revictimización.
La gravedad de estos señalamientos derivó en un pedido público de intervención del Ministerio de Seguridad provincial, con el objetivo de desarticular lo que las denunciantes califican como una estructura de impunidad dentro del Servicio Penitenciario.
Frente al impacto del caso y el malestar interno, la institución emitió un comunicado oficial en el que intentó despegarse de las conductas denunciadas, reivindicando su adhesión a los derechos humanos y a los principios éticos que rigen la función pública. En ese marco, se informó que mediante la Resolución JSP N.° 87/2026 se dispuso la separación preventiva del agente involucrado y la instrucción de un sumario administrativo.
Desde el Servicio Penitenciario indicaron que la medida busca evitar cualquier tipo de interferencia en la investigación mientras se recaban pruebas y testimonios. Sin embargo, las denuncias ya instaladas exponen una problemática más profunda, que excede la conducta individual y pone bajo la lupa el funcionamiento interno, los mecanismos de control y la responsabilidad de las máximas autoridades de la fuerza.