La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este viernes para analizar el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y definir los próximos pasos de la central sindical, en un escenario atravesado por crecientes tensiones con el oficialismo y fuertes diferencias internas sobre la estrategia a seguir.
El encuentro del consejo directivo está convocado para las 11 en la sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se evaluará el estado de las negociaciones políticas, el impacto del proyecto que comenzará a debatirse en el Congreso y la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza. La reunión llega luego de una gira de la conducción cegetista por distintas provincias en busca de apoyo de gobernadores para frenar o modificar la iniciativa oficial, una estrategia que mostró resultados limitados y varios traspiés, como la cancelación de una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, por “problemas de agenda”.
Desde la conducción sindical admiten que el margen para sostener una postura exclusivamente dialoguista se achica. “Yo calculo que, mínimamente, se anunciará una movilización”, señaló el secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygoy, aunque aclaró que la definición final dependerá del debate interno del Consejo Directivo. Otros dirigentes, como Gerardo Martínez (UOCRA), continúan apostando a la negociación política para intentar introducir cambios y morigerar los puntos más perjudiciales del proyecto, aun cuando reconocen que el clima es cada vez más adverso.
La discusión dentro de la CGT gira en torno a dos caminos que aparecen como contrapuestos: profundizar las gestiones políticas con gobernadores y legisladores o avanzar hacia medidas de fuerza más contundentes, como un paro general con movilización. Esta última opción es impulsada por sectores más confrontativos de la central, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el gremio de Aceiteros, que consideran agotada la vía del diálogo.
Las tensiones se profundizaron tras un enero sin avances significativos en las negociaciones con el Gobierno. En ese contexto, varios gremios comenzaron a organizar acciones por fuera de la estructura formal de la CGT. El frente sindical encabezado por Abel Furlán (UOM) y Aceiteros lanzó un plan de lucha que arranca esta semana en Córdoba, continuará en Rosario y culminará con una movilización frente al Congreso el día que se trate la reforma. A ese espacio se sumará Pablo Moyano, quien reaparece en la escena sindical luego de su ruptura con Hugo Moyano.
“A la reforma laboral no se la para si no estamos en la calle. Si la CGT se suma, mejor; si no, vamos a seguir por esta línea”, afirman desde el entorno de Furlán. Esa postura será planteada el viernes en Azopardo, aunque con escasas expectativas de que la central adopte una posición unificada. De hecho, el frente sindical ratificó el Plan Nacional de Lucha contra la Reforma Laboral “Regresiva”, aprobado la semana pasada junto a gremios de la CTA y sindicatos aeronáuticos, independientemente de lo que resuelva la CGT.
El plan incluye movilizaciones para presionar a gobernadores considerados clave, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), ambos integrantes de Provincias Unidas, cuya postura frente a la reforma oscila entre la negociación y críticas moderadas. Este jueves habrá una movilización a la Casa de Gobierno de Córdoba y el martes 10 una protesta en Rosario.
Desde este frente sindical rechazan de plano el proyecto oficial, al que califican como una “entrega de derechos históricos a cambio de migajas”, y denuncian que fue elaborado sin participación de las organizaciones que representan a los trabajadores. También advierten que la iniciativa no promueve la creación de empleo ni la formalización laboral, sino que consolida un modelo basado en salarios bajos, precarización y debilitamiento de la organización sindical.
La reunión del viernes, así, aparece como una instancia clave para medir hasta dónde la CGT está dispuesta a sostener una estrategia de negociación en soledad o si, finalmente, se ve forzada a acompañar un escenario de mayor confrontación social frente a una reforma que el movimiento obrero considera regresiva y estructuralmente perjudicial.