Sable corvo de San Martín: la avanzada por decreto de Milei y la disputa judicial con los herederos de Rosas
La decisión del Gobierno nacional de retirar el sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional y transferir su custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo abrió un conflicto judicial, político y patrimonial de alto voltaje. Los descendientes de los donantes originales del arma histórica acudieron a la Justicia para frenar el traspaso, al considerar que el decreto presidencial no solo vulnera la voluntad expresa de la familia Rosas-Terrero, sino que sienta un precedente grave para el patrimonio cultural argentino.
El sable corvo, probablemente el objeto histórico más cargado de simbolismo de la Argentina, fue adquirido por San Martín en Londres en 1811 y lo acompañó en las campañas decisivas por la independencia sudamericana. Tras la muerte del Libertador, el arma fue legada a Juan Manuel de Rosas y, décadas después, donada al Estado argentino para su conservación pública. Hoy, dos siglos más tarde, vuelve a quedar atrapada en una disputa de poder.
Mediante el decreto 81/2026, firmado por el propio Javier Milei, el Ejecutivo revocó la norma de 2015 que había restituido el sable al Museo Histórico Nacional y dispuso su transferencia al ámbito del Ministerio de Defensa. La medida se adoptó de manera unilateral, sin consulta previa a los herederos de los donantes ni a especialistas en patrimonio, y fue presentada oficialmente como un acto de “restitución histórica”, aunque para muchos se trata de una apropiación política de un símbolo fundacional.
Los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero solicitaron ante la Justicia una medida de no innovar para suspender de inmediato el traslado. Aseguran que nunca fueron contactados por el Estado y que el decreto contradice de manera directa la voluntad expresada en 1897 por Manuela Rosas, quien dejó asentado por escrito que el “depositario final” del sable debía ser el Museo Histórico Nacional. Esa posición se apoya en cartas intercambiadas entre Adolfo Carranza, primer director del MHN, y Máximo Terrero, además del acta de entrega del arma al presidente José Evaristo Uriburu antes de su ingreso definitivo al museo.
La jueza Macarena Marra Giménez, titular del Juzgado N.º 12 del Fuero Contencioso Administrativo, deberá resolver en las próximas horas si hace lugar al pedido de los herederos. Si la cautelar prospera antes del sábado, el sable permanecería en el MHN y quedaría en suspenso el acto político que el Gobierno planea realizar en San Lorenzo, con fuerte impronta simbólica y presencia de la dirigencia libertaria.
El conflicto se agravó con la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, la historiadora María Inés Rodríguez Aguilar, quien presentó su dimisión en abierto desacuerdo con la decisión presidencial. Su salida fue interpretada por amplios sectores académicos y culturales como un gesto de dignidad profesional frente a una medida que consideran arbitraria y dañina para el sistema de museos públicos. Historiadores, exdirectores del MHN y especialistas en patrimonio manifestaron su respaldo y advirtieron sobre el impacto institucional de la decisión.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero, salió a justificar la iniciativa al sostener que el traspaso garantiza “seguridad material, coherencia histórica y continuidad simbólica”. Sin embargo, esa argumentación choca con varios hechos difíciles de soslayar: San Martín nunca utilizó el sable corvo en territorio argentino, el Museo del Regimiento de Granaderos está actualmente cerrado y funciona, por ahora, como un espacio de réplicas, y no cuenta con un equipo propio de conservación patrimonial.
Los herederos proponen una alternativa que el Ejecutivo desoyó: que los Granaderos conserven la réplica del sable realizada por Juan Carlos Pallarols y que el original permanezca en el MHN, ámbito civil, cultural y de acceso público irrestricto. No es un planteo menor. El último fin de semana, más de 3.000 personas visitaron el museo para ver el sable, en lo que muchos consideraron una “última oportunidad” antes de su retiro.
La polémica también pone bajo la lupa el financiamiento privado de las obras del Museo del Regimiento, a cargo de la Fundación Granaderos, presidida por Bettina Bulgheroni, esposa del empresario petrolero Alejandro Bulgheroni. Para especialistas en patrimonio, el traslado del sable a un espacio militar cerrado y en reforma implica un retroceso en términos de acceso público y preservación, además de enviar una señal preocupante a potenciales donantes privados.
Más allá del desenlace judicial inmediato, la disputa por el sable corvo expone una tensión de fondo: el uso discrecional del patrimonio histórico como herramienta política. El decreto de Milei no solo reabre una discusión saldada hace más de un siglo, sino que amenaza con erosionar la confianza en el Estado como garante neutral de los bienes culturales. La batalla por el sable de San Martín sigue abierta, y su resultado podría marcar un antes y un después en la gestión del patrimonio histórico argentino.