En medio de los incendios que desde diciembre arrasan miles de hectáreas en la Patagonia, el gobierno de Javier Milei volvió a exhibir una peligrosa combinación de improvisación, dogmatismo y desconexión con la realidad. Mientras las llamas siguen fuera de control y las provincias reclaman auxilio urgente, la Casa Rosada ahora “evalúa” si avanzar o no con la derogación de la Ley de Manejo del Fuego, una norma clave para desalentar los incendios intencionales y la especulación inmobiliaria.
La duda oficial, admitida por fuentes libertarias, contrasta de manera obscena con la tragedia ambiental en curso. Hasta hace pocas semanas, el propio Consejo de Mayo impulsaba sin matices la eliminación de los artículos que sancionan a los propietarios de tierras incendiadas, una señal inequívoca a favor de los intereses concentrados del negocio inmobiliario y agroexportador. Hoy, con la Patagonia incendiándose, el Gobierno parece descubrir —tarde— que sus decisiones ideológicas tienen consecuencias concretas.
Los artículos que Milei y su entorno pretendían derogar establecen que los terrenos afectados por incendios no puedan cambiar su uso durante 60 años. No es una excentricidad “kirchnerista”, como repite el relato oficial, sino una herramienta básica para evitar que el fuego sea un atajo hacia la especulación. Ponerla en revisión en este contexto no solo resulta irresponsable: es una provocación frente a comunidades que lo están perdiendo todo.
La parálisis del Ejecutivo obligó a que sean los gobernadores patagónicos quienes tomen la iniciativa. Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Ignacio Torres y Claudio Vidal convocaron una cumbre para exigir la declaración de la emergencia ígnea y reclamar recursos que el Gobierno nacional retacea sistemáticamente. La postal es elocuente: provincias abandonadas a su suerte mientras la Casa Rosada debate dogmas.
En paralelo, el bloque de diputados del peronismo presentó un proyecto de emergencia ígnea y ambiental que expone, por contraste, la ausencia total de una política nacional frente al desastre. La iniciativa propone declarar la emergencia por 180 días, girar de manera inmediata fondos a las provincias afectadas y asistir tanto a la población damnificada como a los productores y a la reconstrucción de infraestructura crítica. Medidas básicas, de sentido común, que deberían surgir del Ejecutivo y no de la oposición.
El proyecto también contempla aumentos en asignaciones sociales, alivio fiscal y asistencia directa en los municipios golpeados por el fuego. Todo lo que el Gobierno libertario desprecia bajo la etiqueta de “gasto”, pero que en situaciones extremas es la diferencia entre la contención y el abandono.
Mientras tanto, Milei guarda silencio o duda. No hay anuncios contundentes, no hay presencia activa en la zona del desastre, no hay liderazgo. La discusión sobre si derogar o no la Ley de Manejo del Fuego revela algo más profundo: un Presidente atrapado en su cruzada ideológica incluso cuando el país se quema.
La emergencia ígnea no admite titubeos ni debates doctrinarios. Cada día de indecisión es más territorio arrasado, más familias afectadas y más daño ambiental irreversible. Pero en la Argentina de Milei, incluso el fuego parece tener que esperar a que el mercado decida.