Los 16 diputados del Frente Chaqueño presentaron en la Legislatura provincial el Proyecto de Ley N° 47 para restablecer el pago de la cláusula gatillo a los docentes y garantizar el cobro de los meses que, según la oposición, el Gobierno dejó de pagar. La iniciativa se da en paralelo a una novedad clave en el frente judicial: el procurador general del Chaco, Jorge Canteros, dictaminó a favor de admitir el recurso del Ejecutivo y recomendó anular el fallo que había ordenado restituir la cláusula.
Qué plantea el Proyecto de Ley N° 47 y qué se reclama
La bancada del Frente Chaqueño sostiene que el Ejecutivo provincial suspendió de manera arbitraria la aplicación de la cláusula gatillo y que eso generó una pérdida directa del poder de compra en el salario docente. El proyecto busca dos cosas: reinstalar el mecanismo de actualización y ordenar el pago de los meses no liquidados.
El argumento político es directo: la cláusula gatillo funciona como cobertura frente a inflación y su interrupción rompe previsibilidad salarial. En términos prácticos, cuando ese ajuste no se aplica, el salario queda atrasado aunque el sueldo nominal no baje.
La novedad judicial: el dictamen del procurador que complica el reclamo
En el expediente iniciado por Federación SITECH contra el Ministerio de Educación y la Provincia del Chaco, la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo había dictado en octubre de 2025 una sentencia que ordenó restablecer la cláusula gatillo y aplicar ajustes correspondientes a tramos reclamados por el sector.
Ahora, el procurador general Jorge Canteros se expidió recomendando al Superior Tribunal de Justicia que haga lugar al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno provincial. Su postura fue que el fallo debería anularse y reenviarse para un nuevo pronunciamiento porque la sentencia, según el dictamen, no habría analizado un punto central: la vigencia de una norma provincial que establece que las escalas salariales del empleo público solo pueden aprobarse o modificarse por ley formal.
El dictamen no resuelve el fondo de la cuestión. Pero sí introduce un giro relevante: si el Superior Tribunal adopta ese criterio, el fallo que ordenaba restituir la cláusula quedaría bajo revisión y el caso debería volver a dictarse con el análisis legal que, según la Procuración, faltó.
Qué se define en la Legislatura y qué puede pasar
Con el proyecto presentado y el frente judicial abierto, el conflicto entra en una etapa doble. En la Legislatura, el oficialismo deberá decidir si habilita una salida por ley que obligue a restituir la cláusula y reconocer períodos adeudados, o si rechaza esa vía y sostiene un esquema atado a la decisión del Ejecutivo de Leandro Zdero y su "disponibilidad financiera".
En la Justicia, el Superior Tribunal tiene por delante una definición que puede ordenar el tablero o prolongar la incertidumbre: confirmar el criterio que favoreció el reclamo docente o abrir un nuevo tratamiento del caso, con el debate de fondo sobre si corresponde que un tribunal ordene un mecanismo salarial sin una ley expresa que lo respalde.
El dato político es que, con salarios y educación en tensión, la falta de una resolución clara, ya sea por ley o por sentencia firme, deja el escenario listo para que el conflicto se traslade al inicio del ciclo lectivo.