A casi dos meses del siniestro vial que terminó con la muerte de Oscar Acevedo en el acceso Juan Domingo Perón de Quitilipi, la causa que tiene imputado a Horacio Zdero, hermano del gobernador, sigue rodeada de críticas públicas. El foco ya no es sólo el hecho, sino cómo se investigó: libertad inmediata del sospechoso, tiempos discutidos en el alcohotest, alertas tardías al fiscal y dudas sobre preservación de pruebas.
Horacio “Chuleta” Zdero, hermano del gobernador Leandro Zdero, quedó imputado en una causa por homicidio culposo tras un siniestro vial fatal ocurrido el sábado 15 de noviembre, cerca de las 5 de la mañana, en el acceso Juan Domingo Perón de Quitilipi. Desde entonces, además del dolor por la muerte de Oscar Acevedo, creció un reclamo público: que la investigación no quede atrapada entre el poder político, los procedimientos policiales discutidos y una Fiscalía señalada por cercanías partidarias.
Lo que dice el expediente, y lo que dejó dudas desde el primer día
La Fiscalía N°3 de Sáenz Peña intervino en la causa y la imputación fue informada como “supuesto accidente de tránsito fatal”, una figura que se encuadra en homicidio culposo. Horacio Zdero quedó en libertad tras la notificación, mientras se ordenaban pericias. En paralelo, se informó oficialmente que el test de alcoholemia dio 0,00 g/l.
El punto es que, para la familia, el resultado del test no cerró el tema: lo abrió. En Quitilipi se instaló la sospecha de un trato diferencial y, desde ese momento, el caso dejó de ser solamente “un accidente” para convertirse en un problema político-institucional que se mide por cómo actúan la Policía, la Fiscalía y la Justicia cuando el involucrado tiene apellido pesado.
Las críticas: libertad inmediata, demoras y un procedimiento bajo la lupa
Las denuncias públicas más repetidas apuntan a tres ejes. Primero, la libertad inmediata del imputado, que es legalmente posible en un hecho culposo pero que, en este caso, para la familia se lee como señal de privilegio en una investigación todavía inmadura.
Segundo, la cronología del procedimiento. En la movilización de familiares y vecinos se afirmó que el siniestro fue alrededor de las 5.00 y que recién se conoció “oficialmente” muchas horas después, en un marco de información fragmentada. En esa misma línea, el periodista Roberto Espinoza sostuvo públicamente que el test de alcoholemia se habría realizado más de dos horas después del hecho, algo que, de confirmarse en actuaciones, sería un dato sensible para cualquier reconstrucción. Estas afirmaciones, por ahora, están en el plano de la denuncia y del reclamo social: el expediente es el que tiene que probar horarios, actas, intervinientes y cadena de custodia.
Tercero, el “cómo” se resguardaron pruebas. La familia y manifestantes reclamaron acceso a cámaras y registros, y cuestionaron que no se haya transparentado rápidamente qué material existe, qué se secuestró y qué pericias se hicieron, en un hecho ocurrido cerca de zonas con actividad nocturna.
El fiscal, las sospechas de cercanía política y lo mínimo para despejar dudas
A la discusión por el procedimiento se sumó otra, igual de corrosiva: la confianza en quien conduce la causa. En medios locales y posteos vinculados al seguimiento del caso se señaló al fiscal Marcelo Soto por presuntas vinculaciones personales con un dirigente radical, dato que alimentó la idea de un posible conflicto de interés. La consecuencia es obvia: aunque el expediente trabaje bien, la percepción pública queda dañada si no hay gestos claros de transparencia.
En un caso así, lo mínimo para apagar la sospecha no es un comunicado, es un paquete de hechos verificables. Actas con horarios completos, identificación de todos los intervinientes, constancia de cuándo se informó al fiscal, pericias incorporadas y acceso de la querella a la evidencia relevante. En síntesis: que el expediente hable con documentos, no con versiones.