El ministro del Interior, Diego Santilli, llega a la provincia para reunirse con Leandro Zdero en una semana clave: el Gobierno necesita asegurarse apoyos en el Senado para aprobar su reforma laboral en febrero y, de paso, desactivar el malestar de los gobernadores por el recorte de fondos que trae el mismo proyecto. En esa negociación, Chaco aparece como “provincia confiable”. El problema es que ser confiable, a veces, es otra forma de decir “no preguntar nada”.
Un blindaje que se negocia en Resistencia
La visita de Santilli se inscribe en el operativo político que empuja la Casa Rosada para llegar al número en la Cámara alta. Según la agenda que circula en el oficialismo, el debate fuerte se encamina para la primera quincena de febrero, con tratamiento previsto alrededor del 10 y 11. En el medio, desde el 16 de enero empezará a funcionar una comisión técnica en el Senado para escuchar sectores, “retocar” el texto y evitar que el proyecto se caiga antes de entrar al recinto.
En paralelo, Zdero sostiene una relación de alineamiento con el Gobierno nacional que, hasta ahora, no tuvo traducción pública en forma de objeciones o condiciones. El gobernador no explicó qué puntos de la reforma considera positivos para Chaco, cuáles son riesgosos, ni qué hará su bancada cuando toque votar. Y en una provincia donde el empleo formal es un bien escaso, no es un detalle menor: es el centro de la discusión.
Qué trae la reforma y dónde aprieta
El proyecto no es un “retoque” laboral menor. Cambia reglas de juego sensibles en tres frentes que impactan directo en provincias frágiles.
Primero, habilita esquemas de organización del tiempo de trabajo más flexibles, como el “banco de horas”, y permite promediar horas semanales en períodos extendidos. En la teoría, esto se vende como “adaptación productiva”. En la práctica, en mercados laborales débiles, puede terminar corriendo el límite a favor del que ya tiene la sartén por el mango: el empleador.
Segundo, mete mano en el costo de la desvinculación. Entre otros cambios, redefine la base de cálculo de indemnizaciones excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo y vacaciones. Además, abre la puerta a que convenios colectivos reemplacen la indemnización tradicional por fondos o sistemas alternativos de cese. En castellano: baja el costo de despedir o lo transforma en otra cosa, con consecuencias obvias sobre la estabilidad.
Tercero, recalibra el conflicto sindical: sube exigencias y sanciones en medidas de fuerza, fija preavisos y “servicios mínimos” más duros en actividades esenciales o “trascendentales”, y endurece el marco para protestas que impliquen bloqueos u obstrucciones. También introduce requisitos llamativos sobre asambleas (incluida la necesidad de autorización del empleador para horario y duración) y plantea que el tiempo de asamblea no se paga.
Si el Gobierno quiere discutir productividad, litigiosidad y formalización, perfecto. Pero entonces hace falta discutir también el terreno real donde cae esta reforma. Y ahí Chaco no es Suiza: desempleo alto en el Gran Resistencia, empleo informal extendido, y un Estado provincial que sostiene parte importante del consumo y la contención social. Una reforma que abarata despidos, amplía flexibilidad horaria y restringe herramientas de protesta pega distinto en un lugar donde sobra precariedad.
Ganancias, coparticipación y el costo del alineamiento
Como si el frente laboral no alcanzara, el mismo proyecto trae cambios impositivos con impacto fiscal directo sobre las provincias. El artículo 191 baja alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades (del 30% al 27% y del 35% al 31,5%) y también incorpora exenciones, como la de alquileres destinados a vivienda. Eso significa menos recaudación y, por lo tanto, tensión inmediata por coparticipación.
Los gobernadores ya lo tradujeron a números: hablan de pérdidas mensuales y reclaman un esquema de compensación. En Chaco, el tema no es abstracto: menos transferencias automáticas implican menos margen para salud, educación y políticas sociales, justamente lo que se usa para amortiguar crisis laborales. Y acá aparece el nudo político de la visita: Santilli no viene solo a “escuchar”, viene a cerrar un paquete. Votos por reforma, y negociación por fondos.
El punto es el método. Si Zdero decide acompañar, debería decir con precisión qué está negociando para Chaco, qué límites pone, y qué garantías exige para que la reforma no termine profundizando lo que dice combatir: informalidad, salarios bajos y empleo de mala calidad. Porque apoyar sin condiciones no es “gestión”. Es firmar un cheque en blanco, y después sorprenderse cuando el débito llega.
De acá a febrero, el oficialismo buscará dictamen “retocado” y votos. Del otro lado, la CGT ya fijó un paro general con movilización para el 10 de febrero, el mismo día que aparece en la hoja de ruta legislativa. En ese clima, el silencio oficial en Chaco no es prudencia: es una decisión política. Y como casi todas, tiene costo.