Mientras cuatro focos activos de incendios avanzan sobre la Patagonia, el Gobierno proyecta un recorte presupuestario del 71,6% en manejo del fuego para 2026.
Actualmente, el foco está puesto en Chubut, donde las llamas consumieron unas 12.000 hectáreas y provocaron la evacuación de 17 familias.
Aunque 22 de los 32 focos activos desde el pasado lunes 5 de enero ya se controlaron gracias a las lluvias aisladas de los últimos días, los bomberos aún trabajan sobre la zona y preocupa el daño ambiental irreversible.
Recorte presupuestario en medio de la emergencia
Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto en 2025.
Este recorte presupuestario en manejo del fuego equivale a casi $20.000 millones que no se transfirieron para hacer frente a los incendios y asistir en su prevención.
Para 2026, además, la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso prevé una caída real del 71,6% en los fondos destinados al combate y prevención de incendios respecto de 2025.
En términos comparativos, el presupuesto sería 68,9% menor al de 2023, cuando el SNMF ejecutó el 100% de los recursos asignados.
Así, la participación del manejo del fuego dentro del presupuesto total del Estado nacional se reduciría del 0,032% en 2023 al 0,014% en 2026.
En 2024, el SNMF ejecutó solo el 22% del presupuesto, pese a que fue el período con mayor cantidad de focos de incendio de los últimos ocho años.
Esa subejecución explicó una caída real del 81% del presupuesto entre 2023 y 2024.
En 2025, la ejecución mejoró hasta el 76%, pero el leve aumento real del presupuesto (8,5%) se concentró en el último trimestre.
Cuatro incendios activos en la región
La Agencia Federal de Emergencias reportó cuatro focos activos en la región patagónica, con el más grave en Puerto Patriada, El Hoyo (Chubut).
El gobernador chubutense Ignacio Torres aseguró que el incendio fue iniciado de forma intencional, tras comprobarse el uso de acelerantes.
«Es la peor tragedia ambiental en 20 años«, afirmó el secretario de Bosques provincial, Abel Nievas.
También se registraron incendios en Puerto Café (Parque Nacional Los Alerces) y en zonas de Aluminé, Neuquén.
El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que hay 17 familias evacuadas y dos autoevacuadas en la zona de El Hoyo.
El impacto del ajuste en las capacidades operativas de Manejo del Fuego
El recorte presupuestario impactará directamente en capacidades clave para la prevención y el combate contra incendios, según la FARN.
Las herramientas afectadas por la reducción de fondos incluyen:
- Horas de vuelo: reducción de 5.100 (2023) a 3.100 proyectadas
- Informes de alerta temprana: caída de 2.310 en 2025 a 1.850 en 2026
- Infraestructura y equipamiento: sin fondos suficientes para mantenimiento
- Capacitación de brigadistas: recursos limitados para formación
- Mejoras laborales: condiciones precarias sin posibilidad de mejora
«La lógica de actuación es siempre con los incendios consumados y nunca con carácter preventivo«, denunció en esta línea Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN.
Slipak agregó que «no sólo se necesita más presupuesto, sino atacar las causas de los incendios vinculadas al uso del suelo».
El recorte presupuestario contra incendios, un ejemplo más del recorte de políticas públicas
Más de 20 organizaciones ambientales advirtieron que los incendios en la Patagonia son «otro síntoma alarmante de la crisis climática global«.
Las organizaciones también señalaron «la inacción estatal en materia de mitigación y prevención» como un factor agravante de la situación.
A este escenario se sumó la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego en 2025, un mecanismo que garantizaba financiamiento específico y automático.
Esos recursos se destinaron mayormente al alquiler de maquinaria y transporte para apagar incendios ya desatados, no a prevenirlos.
Argentina sigue sin incorporar los delitos ambientales al Código Penal, lo que debilita cualquier respuesta estructural frente a incendios intencionales.
«Quienes denuncian intencionalidad suelen ser los mismos actores que impulsan recortes presupuestarios que reducen la capacidad del Estado«, concluyó la FARN.
Fuente: Noticias Ambientales.