Estados Unidos ejecutó el sábado 3 de enero de 2026 una ofensiva militar sobre Venezuela y Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “capturados” y sacados del país. El gobierno venezolano denunció “agresión militar”, reportó ataques en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, decretó emergencia nacional y reclamó explicaciones sobre el paradero del mandatario.
Qué pasó y por qué el dato clave sigue bajo disputa
El relato de Washington sostiene que la operación fue “a gran escala” y que culminó con la captura y traslado de Maduro. Del lado venezolano, la respuesta oficial habló de bombardeos, movilización interna y emergencia, pero en las primeras horas no aportó una confirmación completa e independiente del destino del presidente, mientras altas autoridades pidieron una “prueba de vida”.
Lo que está fuera de discusión es el ataque militar. Lo que todavía requiere verificación plena es el punto más explosivo, el “secuestro” del jefe de Estado y su traslado fuera del país.
Primero la condena: la mayoría de los países habló de violación del derecho internacional
La reacción internacional fue, en gran parte, de repudio o alarma. Gobiernos de la región como México, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia cuestionaron la ofensiva y llamaron a respetar la soberanía venezolana y a evitar una escalada. En Europa, España y la Unión Europea reclamaron contención y encuadre legal, y el Reino Unido se desmarcó de cualquier participación. Rusia e Irán denunciaron una agresión y empujaron el tema hacia el Consejo de Seguridad de la ONU.
El marco que se invoca no es decorativo: la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado.
Milei aplaude y Argentina se aleja de su tradición diplomática
En ese contexto, Javier Milei eligió celebrar públicamente el operativo (“FREEDOM MOVES FORWARD. LONG LIVE FREEDOM DAMMIT”), alineándose con la narrativa de Trump.
El problema no es solo el tuit. Es el mensaje institucional: Argentina tiene una historia diplomática marcada por la defensa del principio de no injerencia y por doctrinas que surgieron justamente para frenar la lógica de las potencias usando la fuerza como método de “corrección” regional. La Doctrina Drago, formulada por la Cancillería argentina en 1902, se plantó contra la coerción armada y reivindicó la igualdad jurídica entre Estados como base del derecho internacional.
Cuando el presidente argentino festeja una intervención militar y la captura de un jefe de Estado extranjero, se corre de esa tradición y legitima una idea peligrosísima: que el poder militar puede reemplazar a la diplomacia, a los organismos multilaterales y a las reglas que (con todos sus defectos) sostienen la convivencia internacional.
El cierre que deja un dato incómodo, pero necesario: este episodio empuja a la región hacia una nueva era de intervencionismos estadounidenses en América Latina, con ecos inevitables de la etapa más sangrienta del siglo XX, cuando las dictaduras de los años 70 fueron parte de un entramado regional de persecución y terrorismo de Estado coordinado, conocido como Operación Cóndor, hoy documentado en archivos y expedientes judiciales.
En términos políticos, es un riesgo directo para la paz y la estabilidad regional. En términos institucionales, es un golpe a la idea misma de democracias occidentales sometidas a reglas, no a la ley del más fuerte.