Mientras millones de trabajadores y jubilados enfrentan una fuerte pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno nacional avanza en un incremento salarial para los cargos jerárquicos del Estado. A la espera de la publicación oficial del decreto, se estima que ministros, secretarios y subsecretarios recibirán un aumento cercano al 30%, lo que llevará sus ingresos a niveles equivalentes a casi 14 salarios mínimos.
Según trascendió, el presidente Javier Milei firmaría en las próximas horas un decreto que habilita la suba para los funcionarios de mayor rango, con excepción del propio mandatario y de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Desde la Casa Rosada justificaron esa exclusión bajo el argumento de que “son quienes deben dar el ejemplo”, aunque el resto del gabinete sí quedará alcanzado por la mejora salarial.
Actualmente, los ministros perciben alrededor de 3,5 millones de pesos mensuales. Con un incremento del 30%, sus ingresos superarían los 4,6 millones. Secretarios y subsecretarios también recibirán subas proporcionales. En paralelo, el salario mínimo vital y móvil se ubica en 334.800 pesos y la jubilación mínima no alcanza los 350 mil, en un contexto de inflación acumulada que golpeó con fuerza a los ingresos fijos.
La decisión generó una fuerte polémica, no solo por la contradicción con el discurso oficial de ajuste, sino también por la interna que atraviesa al oficialismo. Desde el entorno presidencial confirmaron que Villarruel tampoco recibirá el aumento, en medio del enfrentamiento político y personal que mantiene con Javier y Karina Milei. Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia sí será beneficiada por la actualización salarial.
En Balcarce 50 admiten que la vicepresidenta no fue informada previamente de la decisión y relativizan el impacto de la medida. Incluso, deslizan comentarios irónicos sobre el efecto que el congelamiento podría tener en su futura jubilación. El decreto, debido a los feriados de fin de año, sería publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero.
La suba para los funcionarios se da en un escenario de despidos masivos en el Estado, recortes presupuestarios y desinversión en áreas sensibles como discapacidad, educación, salud, ciencia y tecnología. En ese contexto, algunos integrantes del gabinete argumentaron ante el Presidente que sus salarios “no compiten con los del sector privado”, una afirmación que también expone la desigualdad interna dentro de la administración pública.
Desde los sindicatos estatales reconocen que los salarios en el Estado están atrasados en todos los niveles, pero advierten que la política salarial del Gobierno profundiza la desjerarquización del empleo público. La Asociación de Trabajadores del Estado señaló que entre enero de 2024 y la actualidad la inflación acumulada fue del 178,4%, mientras que los aumentos salariales en la administración pública nacional alcanzaron solo el 102,9%, lo que implica una pérdida real del 75,5%.
No obstante, desde ATE remarcan que los altos funcionarios no dependen exclusivamente de sus sueldos. Señalan que muchos utilizan su paso por el Estado como plataforma para negocios privados y denuncian la falta de control sobre incompatibilidades. También cuestionan la incoherencia entre el discurso de austeridad y las decisiones que benefician a la cúpula del poder.
El congelamiento salarial y la pérdida del poder de compra son rasgos centrales del gobierno de La Libertad Avanza y uno de los principales padecimientos de la clase trabajadora. Si bien los salarios de los funcionarios permanecían sin cambios desde 2023 como gesto simbólico, ahora el ajuste parece quedar reservado para otros sectores.
Actualmente, el Presidente percibe un salario de 4.068.738 pesos y la vicepresidenta 3.737.339. Los ministros cobran 3.584.006 pesos, los secretarios 3.282.709 y los subsecretarios 2.981.510. Con la suba proyectada, el 2026 comenzará con una mejora sustancial para ese grupo reducido.
Muy distinta es la situación de jubilados y pensionados. Aunque la ANSES anunció una actualización del 2,5%, los haberes seguirán en niveles bajos. Desde enero, la jubilación mínima será de 349.401 pesos, la PUAM de 279.443 y las pensiones no contributivas el mismo monto. En contraste, los senadores nacionales perciben ingresos brutos cercanos a los 9,5 millones de pesos y los diputados alrededor de 7 millones.
Pese a repetir en público que “no hay plata” y reivindicar la idea de “dinamitar el Estado desde adentro”, no es la primera vez que el oficialismo intenta mejorar sus propios salarios. En febrero de 2024, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse impulsó un aumento que fue autorizado por decreto, pero debió ser anulado tras el escándalo público que generó.
En aquel momento, desde la Casa Rosada se afirmó que la recuperación económica requería el esfuerzo de todos, especialmente de quienes ejercen funciones políticas. A menos de un año de aquel mensaje, el Gobierno parece haber redefinido quiénes deben seguir ajustándose y quiénes no.
Fuente: Página12