El Gobierno confirmó que también las tierras públicas destinadas a vivienda social pasaron a integrar la lista de activos en liquidación. La administración Milei iniciará remates de terrenos pertenecientes al ex Plan Procrear en CABA, Santa Fe y Entre Ríos. En lugar de viviendas, habrá subastas; en lugar de adjudicatarios, oferentes. El mercado inmobiliario hereda el espacio donde alguna vez existió una política pública.
La operación no es un trámite burocrático: es la consecuencia directa de haber disuelto el fondo fiduciario del Procrear, eliminado en junio de 2025. Aquel programa que produjo cientos de miles de soluciones habitacionales no fue reemplazado por otra política: fue cancelado y sus terrenos, liberados al mejor postor. El Ministerio de Economía asumió la administración de los lotes con un discurso de “preservación del patrimonio público”, pero la traducción práctica es rematar patrimonio inmobiliario del Estado.
Caputo acaba de firmar tres resoluciones que desprograman el último suelo sin construir del predio Estación Buenos Aires –casi 3.000 m² junto a las vías del Belgrano Sur, un punto estratégico del sur porteño– y lo colocan en la línea de subasta sin haber levantado un solo edificio. Lo que el Gobierno llama “puesta en valor” es, en los hechos, una privatización simple: el Estado se retira y entrega suelo urbano consolidado.
En Paraná la racionalidad es idéntica, aunque con otro agravante: allí se había iniciado la infraestructura. Sobre un terreno de 50.000 m² estaban proyectadas más de 300 viviendas. Se construyó una fracción mínima antes de que la gestión actual congelara la obra y la abandonara. Ahora, lo poco que existe será capital de base para negocios privados.
El caso de Santa Fe expone el absurdo con más nitidez. En el Parque Federal, dos torres de 22 pisos y un tercer edificio de cuatro ya habían avanzado hasta el octavo o noveno piso cuando llegó el freno político. Desde entonces, las estructuras quedaron a la intemperie. Lo que era un proyecto para casi 200 viviendas sociales se ofrece ahora como oportunidad inmobiliaria. No se trata de reciclar un terreno: es transferir inversión pública inconclusa hacia compradores que no construirán vivienda accesible.
Las tres subastas del 22 de enero aspiran a recaudar un mínimo de 7,6 millones de dólares. Ese monto, presentado como ingreso extraordinario, apenas equivale al costo de algunos meses de obra en desarrollos urbanos complejos. El Gobierno llama eficiencia a lo que, en la práctica, es una liquidación apresurada de suelo estratégico donde el déficit habitacional es estructural. Detrás de esta primera tanda hay doce predios más: desde Mercedes hasta Quilmes, desde La Plata a Ciudad Evita.
Los ex responsables técnicos del Procrear describen con precisión lo que implica la subasta: se sustituye un criterio de política pública por la lógica del inversor. Los beneficiarios posibles ya no son familias sino capitales. El acceso a la vivienda vuelve a ser un problema privado que debe resolver el sistema financiero. Se invierte el orden: antes se partía del derecho; ahora, de la capacidad de pago.
Organismos que trabajan sobre urbanismo y derechos habitacionales subrayan el punto ciego: en un país con déficit de vivienda y trazas urbanas saturadas, el suelo no es una mercancía más. Cuando el Estado deserta de ese espacio, consolida el proceso de exclusión residencial. Se desarma una herramienta estatal y no se propone otra.
La política habitacional no muere aislada. Forma parte de un paquete mayor: eliminación de fondos, reasignación discrecional de inmuebles, transferencia a fuerzas federales de unidades originalmente asignadas por sorteo, y una agenda de ventas masivas de la AABE con más de 180 lotes en fila. Lo que se presenta como “optimización” es, por volumen y destino, un programa de desposesión.
El indicador más evidente de a quién beneficia este diseño ya tiene nombre propio: Eduardo Costantini amplió su cartera de tierras públicas en puntos codiciados de Buenos Aires. No es un síntoma aislado sino una dirección: la planificación urbana se terceriza en manos privadas. La vivienda social, directamente, se disuelve.
Donde hubo una política estatal queda un remate. Donde hubo edificios en construcción queda un negocio en curso. El Estado se va y deja la llave en la mano de quienes pueden pagarla.
Fuente: Página 12