El sarampión reaparece porque hay chicos sin vacunar. La tos convulsa vuelve a matar bebés porque algunos adultos decidieron que la ciencia es opcional. Y ahora llega una nueva variante de gripe A (H3N2) mientras el país discute libertades individuales como si el virus pidiera permiso antes de infectar. El resultado es una paradoja trágica: un Estado que ofrece vacunas gratuitas y un sector de la sociedad dispuesto a sabotearlas.
El deterioro de la cobertura vacunatoria no es una fatalidad epidemiológica: es una decisión social alimentada por desinformación, descreimiento programado y un movimiento antivacunas que vende libertad pero reparte enfermedad. Argentina tuvo campañas históricas de salud pública capaces de erradicar la polio, borrar la viruela y cerrar la puerta al sarampión. Hoy, esa puerta está entreabierta porque quienes jamás vieron un pulmón colapsado por tos convulsa se creen más lúcidos que cien años de evidencia acumulada.
Los ejemplos recientes muestran el costo real de la fantasía antivacunas. Cuatro turistas uruguayos, sin inmunización, viajaron enfermos de sarampión por varias provincias: dejaron un rastro de contactos estrechos y una alerta sanitaria por un virus que puede contagiar a más de una docena de personas por cada caso. La tos convulsa —que estaba controlada— ya provocó diez muertes infantiles. Ninguno de esos chicos tenía el esquema completo. El discurso de “cada uno decide sobre su cuerpo” termina con bebés muertos que jamás eligieron nada.
Mientras tanto, el Malbrán confirma tres casos de influenza A (H3N2) en adolescentes y un niño internado en CABA. No hay cuadros graves, pero el contexto importa: una cobertura vacunal en retroceso transforma cualquier brote en terreno fértil. No se discute el virus: se discute cuán desprotegida está la población.
Frente a eso, el movimiento antivacunas opera con un libreto conocido: fabricar sospecha, deshumanizar la evidencia científica y convertir la ignorancia en identidad. Sostiene que vacunar es una imposición estatal, pero omite un dato elemental: las vacunas son el único mecanismo probado para blindar a quienes no pueden defenderse, desde recién nacidos hasta pacientes inmunocomprometidos. No hay “decisión personal” cuando la vía de transmisión es respiratoria y el virus atraviesa escuelas, guardias y transportes públicos.
Argentina necesita 95% de cobertura para mantener a raya el sarampión. No es una opinión: es matemática epidemiológica. La vacuna ofrece inmunidad de por vida y, de paso, evita rubéola congénita, responsable de cardiopatías, ceguera y daño neurológico en recién nacidos. Sin embargo, siguen apareciendo casos porque la libertad mal informada se convirtió en un vector de riesgo.
La baja confianza institucional pospandemia explica parte del derrumbe, pero no lo justifica. Las vacunas del calendario nacional no son un experimento express: son tecnologías usadas durante décadas, con seguridad documentada y millones de aplicaciones controladas. Compararlas con el desconcierto inicial de las vacunas COVID es una maniobra retórica del antivacunismo para meter todo en la misma bolsa.
La discusión sobre H3N2 refuerza la evidencia. La gripe no mata por sí sola en la mayoría de los casos: la matan las complicaciones bacterianas prevenibles con vacunas como Prevenar 13. La preparación del sistema de salud no depende del virus, sino de cuántos pacientes llegan sin defensas. Menos vacunación significa más neumonías, más meningitis, más internaciones y más muerte evitable.
Lo que está en juego es simple: cuando la vacunación retrocede, el siglo XX regresa. Brotes, discapacidades permanentes, salas de terapia intensiva y cementerios infantiles. El movimiento antivacunas promete autonomía pero entrega vulnerabilidad colectiva.
No es un debate filosófico: es la diferencia entre salud pública funcional y un país condenado a revivir epidemias superadas. El virus no tiene ideología. La estupidez, sí.