El Gobierno nacional lanzó este viernes la licitación internacional del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía del Paraná. En el marco de un discurso que promete romper con los vicios del pasado, una lectura atenta del pliego revela continuidades inquietantes y nuevos mecanismos que distan de representar un cambio real de paradigma.
La licitación, cuyo plazo para ofertas vence en febrero de 2026, propone una concesión de 25 años, prorrogable por cinco más. Su objetivo técnico central es claro y potencialmente beneficioso: profundizar el canal para permitir que los buques graneleros se carguen al 100% en los puertos del Gran Rosario, eliminando la escala actual en Quequén o Bahía Blanca y reduciendo costos logísticos. Se establece una tarifa de referencia máxima de 4,39 dólares por tonelada para el tramo principal, un monto ligeramente superior al actual de 4,30 dólares.
Sin embargo, el detalle que ensombrece el operativo y contradice la narrativa oficial de transparencia y alivio fiscal es la creación de un fideicomiso financiado con una denominada "retención". El concesionario estará obligado a destinar el 6% de la facturación bruta mensual por peajes a este fondo. Un 2,5% se asignará a obras y acciones no incluidas en el contrato y definidas unilateralmente por el Estado concedente, mientras que el 3,5% restante se dedicará a la seguridad de la vía navegable.
El impacto económico de esta medida es directo y regresivo. Dado que el peaje de la Hidrovía se descuenta del valor final de los granos, este 6% adicional constituye, en la práctica, un costo extra que recaerá íntegramente sobre los productores agropecuarios. Ni el concesionario privado ni las empresas agroexportadoras lo absorberán. Se trata, por lo tanto, de un impuesto encubierto sobre las exportaciones, un instrumento que el mismo gobierno suele criticar cuando es aplicado de forma directa.
Este fideicomiso introduce un problema fundamental de gobernanza y transparencia. Los recursos se manejarán según "las necesidades identificadas por el concedente", sin que el pliego especifique mecanismos claros de auditoría pública, rendición de cuentas o participación de los actores de la cadena que lo financian. Esto crea un espacio propicio para la discrecionalidad y el uso político de los fondos, replicando la opacidad tan frecuentemente atribuida a la "casta" que se dice combatir.
La contradicción es evidente. Mientras se anuncia una nueva era de eficiencia y ruptura con los vicios del pasado, el diseño de la licitación consolida viejas prácticas: concesiones de plazo excesivamente largo, fórmulas de ajuste tarifario que trasladan riesgos al usuario final y, sobre todo, la creación de un circuito paralelo de financiamiento fuera del control presupuestario ordinario. Si el objetivo es mejorar la infraestructura, la vía transparente y democrática sería su financiación a través del presupuesto nacional, sujeto al debate y control parlamentario, no mediante una retención sobre la producción.
La profundización del canal es, sin duda, una obra necesaria para la competitividad del país. No obstante, el método elegido para gestionarla y financiar obras complementarias plantea serias dudas. Lejos de representar una innovación, el mecanismo del fideicomiso parece ser un recurso conocido: socializar costos sobre un sector productivo específico mientras se mantienen ámbitos de decisión opacos. En definitiva, sugiere que, más allá del cambio de actores, ciertas lógicas de extracción y discrecionalidad en la gestión de lo público persisten, ahora con un nombre técnico y nuevo.
Fuente: Bichos de Campo