Andrés Edgardo Vázquez reemplaza a Juan Pazo en el cargo clave para controlar la fuga y el lavado
Aunque la sucesión parecía automática —Vázquez era el segundo de Pazo desde hacía un año en la estructura de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— el ascenso no deja de generar ruido político.
El Gobierno de Javier Milei decidió promoverlo desde la Dirección General Impositiva al máximo puesto del organismo, justamente cuando el funcionario enfrenta denuncias penales referidas a los mismos delitos que ARCA debería perseguir: presunto lavado de activos, evasión impositiva y enriquecimiento ilícito. Se trata de causas activas, con documentación incorporada en las últimas semanas.
La salida de Pazo y su aceptación quedaron registradas en el Decreto 890/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial. Luis Caputo lo despidió en redes sociales y justificó su retiro por un regreso al sector privado. En el mismo texto se designa a Vázquez, que asumirá este jueves.
Vázquez acumula más de 35 años de carrera en la ex-AFIP, con dos décadas en áreas de sensibilidad extrema, como Inteligencia Fiscal. Ese tránsito estuvo acompañado por choques con cada conducción política del organismo y por señalamientos recurrentes.
Las primeras denuncias datan de 2010, cuando su nombre apareció ligado a cuentas no declaradas con fondos por casi medio millón de dólares. La información surgió de un allanamiento a oficinas vinculadas al BNP Paribas en Buenos Aires, donde la Justicia detectó una operatoria utilizada por centenares de clientes para sacar dinero del país. Vázquez negó entonces ser titular de esas cuentas.
Aquel expediente derivó años más tarde en una megacausa: en 2016, la Justicia penal económica procesó a una veintena de ejecutivos del banco y les aplicó embargos millonarios. Vázquez terminó preservado de esa investigación mediante el blanqueo fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri.
Pese a los señalamientos, el funcionario se mantuvo cerca de casos de fuerte impacto político: operativos sobre el Grupo Clarín durante el kirchnerismo, y seguimientos a Lázaro Báez y Cristóbal López durante el macrismo. Ese recorrido no evitó fricciones internas: fue desplazado por Ricardo Echegaray y por Alberto Abad, pero logró conservar su espacio técnico y volver a posiciones de influencia.
En octubre de 2024, Milei lo promovió como titular de la DGI. Dos meses más tarde, un informe periodístico reveló supuesta documentación sobre tres propiedades adquiridas en Estados Unidos, valuadas en más de dos millones de dólares, operadas mediante sociedades extranjeras y nunca declaradas ante la Oficina Anticorrupción.
A partir de esos datos, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, lavado y evasión. Se analizan cuentas no declaradas y el pago de impuestos de condominios en Miami con cheques personales de Vázquez, gastos que tampoco figuraban en registros oficiales argentinos.
La causa inició en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pero a pedido del propio funcionario pasó luego al juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán.
Este jueves, Vázquez asumirá al frente de un organismo presentado como clave para combatir la fuga y el fraude. El comunicado oficial lo define como un especialista en “prevención del lavado de activos y lucha contra el fraude económico”. Su recorrido judicial, sin embargo, vuelve inevitable la pregunta: ¿el responsable del control puede estar siendo controlado por los mismos delitos que debe perseguir?