Lejos de romper con las prácticas del pasado que dice combatir, el gobierno de Javier Milei profundiza un esquema de entrega de recursos estratégicos que tuvo su origen durante la gestión de Mauricio Macri. Bajo el discurso de la desregulación y la eficiencia del mercado, el Estado vuelve a intervenir, pero no para fortalecer el desarrollo productivo ni aliviar la crisis del interior, sino para garantizar negocios millonarios a un reducido círculo de empresarios amigos.
En agosto de 2025, el gobierno nacional firmó la cesión de la Central Hidroeléctrica Río Escondido a Hidden Lake S.A., empresa controlada por el magnate británico Joe Lewis, cuestionado desde hace años por la apropiación irregular de tierras en torno al Lago Escondido, en la Patagonia. La central había comenzado a inyectar energía al sistema nacional en 2017, durante el gobierno de Macri, cuando fue incorporada al programa RenovAr, impulsado por el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren. El entramado de relaciones políticas, empresariales y judiciales que rodea a Lewis no es un dato menor: Lago Escondido fue escenario de encuentros que involucraron a jueces y funcionarios clave en causas sensibles contra Cristina Fernández de Kirchner.
La lógica de estos negocios energéticos se remonta a 2016, cuando Macri y Aranguren, a través de la resolución 21/2016, habilitaron licitaciones de centrales termoeléctricas que terminaron beneficiando a socios, amigos y aportantes de campaña. Uno de los casos más emblemáticos es el de la central termoeléctrica instalada en Barker, partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. El proyecto, inicialmente rechazado en Tandil por la resistencia social, fue relocalizado en la localidad vecina con el aval del Ministerio de Energía.
La empresa adjudicataria fue UGEN Energy, perteneciente al grupo MSU, de la familia Uribelarrea, uno de los grandes jugadores del agronegocio sudamericano y aportante de la campaña presidencial de Macri. La planta se instaló en un predio de 12,5 hectáreas ubicado sobre la ruta 80, tierras que pertenecían a la familia del entonces presidente, a través de la sociedad Cabalgando S.A., integrada por su tía y su prima. El círculo se cerró con financiamiento por 230 millones de dólares otorgado por bancos privados, entre ellos el Hipotecario, vinculado al empresario Eduardo Elsztain.
Ese esquema —licitaciones direccionadas, créditos garantizados, venta de tierras familiares y contratos con precios asegurados— configuró un negocio redondo sostenido por el Estado. A la par, MSU y Cresud, empresa de Elsztain, se quedaron entre 2016 y 2017 con el 45% de las tierras militares licitadas en todo el país, mientras el gobierno de Macri daba de baja un convenio con el INTA que permitía producir esas tierras desde el Estado.
Esa misma lógica se reactualiza hoy con el avance sobre 27 mil hectáreas del INTA, tierras productivas que el actual gobierno planea arrendar bajo mecanismos similares, debilitando aún más la capacidad estatal y el desarrollo regional. No se trata de un Estado ausente, sino de un Estado selectivamente presente para garantizar rentabilidad privada.
Durante el macrismo, y ahora bajo la gestión de Milei, se consolidó un modelo energético donde pequeñas centrales térmicas y proyectos “renovables” accedieron a financiamiento sin capital propio, con prioridad de despacho y pago asegurado, incluso cuando el sistema estaba saturado. Energías más baratas, como la hídrica, fueron desplazadas, mientras el Estado se comprometía a pagar precios elevados que terminaron cargándose sobre toda la sociedad.
La conclusión es incómoda para el relato libertario: tanto ayer como hoy hubo un Estado activo, pero no al servicio del interés general, sino de amigos, familiares y aportantes de campaña. Por eso, el debate de fondo no es el tamaño del Estado, sino a quién sirve. El verdadero “Estado bobo” no es el que sostiene políticas sociales para los sectores más vulnerables, sino el que entrega tierras, energía y recursos estratégicos para garantizar negocios privados multimillonarios en medio de una crisis que golpea de lleno al interior productivo.