El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, volvió a poner en evidencia uno de los principales problemas de la reforma laboral que impulsa el Gobierno: su fragilidad constitucional y el impacto negativo que puede tener sobre derechos básicos de los trabajadores. Según advirtió, los cambios que el oficialismo pretende aprobar podrían quedar paralizados durante meses o incluso años por decisiones judiciales, justamente porque avanzan sobre garantías consagradas en la Constitución Nacional y en convenios internacionales con jerarquía constitucional.
La eventual sanción de la reforma que el gobierno de Javier Milei busca tratar en sesiones extraordinarias abriría, una vez más, un escenario de fuerte conflictividad judicial. Rosatti recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es “difuso”, lo que habilita a cualquier juez a declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando considere que viola derechos fundamentales. En un contexto de reformas que recortan protecciones laborales históricas, esa facultad judicial se transforma en un freno casi inevitable a su aplicación efectiva.
“El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso”, explicó el magistrado, y aclaró que la unificación de criterios por parte de la Corte “lleva su tiempo”. En los hechos, esto implica que una reforma laboral cuestionada por su carácter regresivo puede ser suspendida en distintos juzgados del país, generando un mosaico de fallos contradictorios y una prolongada incertidumbre jurídica para trabajadores y empleadores.
Rosatti recordó que este escenario ya se produjo con disposiciones laborales incluidas en la Ley Bases, que fueron declaradas inconstitucionales por la justicia del trabajo y aún esperan una definición del máximo tribunal. El antecedente refuerza las críticas a un modelo de reforma que insiste en avanzar sobre derechos adquiridos, aun sabiendo que choca con los límites que impone la Constitución. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, subrayó.
Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso intente blindar estas reformas obligando a los tribunales a acatar automáticamente los fallos de la Corte, Rosatti fue prudente y dejó entrever otra controversia constitucional. Señaló que una cláusula de ese tipo sería, a su vez, cuestionada judicialmente y debería ser evaluada por la propia Corte, lo que suma otro capítulo de incertidumbre a un proceso legislativo ya cargado de objeciones.
El presidente del máximo tribunal también expuso el costo institucional que generan estas políticas: “El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”. La frase grafica un patrón que se repite: reformas impulsadas sin respeto por los límites constitucionales, que terminan saturando al Poder Judicial y dejando a los ciudadanos —en este caso, a los trabajadores— en un limbo legal prolongado.
Lejos de ser un debate técnico o ideológico, las advertencias de Rosatti ponen el foco en un problema de fondo: una reforma laboral que, en lugar de fortalecer el empleo y el diálogo social, avanza en perjuicio de los trabajadores y vulnera principios constitucionales básicos corre el riesgo de no aplicarse nunca plenamente, atrapada entre fallos judiciales y conflictos legales que el propio Gobierno parece dispuesto a provocar.