La Universidad de Buenos Aires decidió llevar al Gobierno nacional a los tribunales por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial. La medida, aprobada por unanimidad en el Consejo Superior el 22 de octubre, apunta directamente contra el decreto presidencial que, aunque promulgó formalmente la norma sancionada por el Congreso, suspendió su aplicación hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento.
En su resolución, la UBA calificó la maniobra del Ejecutivo como una violación al sistema republicano de frenos y contrapesos previsto en la Constitución. “El decreto que promulga formalmente pero suspende materialmente la ley quebranta la voluntad soberana del Congreso y altera el equilibrio de poderes”, sostuvo el texto.
La universidad advirtió que la decisión del Gobierno vulnera derechos constitucionales y afecta gravemente el funcionamiento del sistema universitario nacional, al impedir el acceso al financiamiento y la recomposición salarial aprobados por ley. Por eso, el Consejo Superior instruyó al rector a iniciar de inmediato las acciones judiciales correspondientes “a fin de exigir la implementación efectiva de la Ley 27.795”.
En los considerandos, el cuerpo colegiado recordó que la UBA ya declaró la emergencia presupuestaria y salarial, y remarcó que la norma en cuestión fue concebida para evitar el colapso del sistema universitario público, garantizar su sostenimiento y recomponer los ingresos del personal docente y no docente. “Su no ejecución arbitraria solo profundiza una crisis que el propio Estado debería estar resolviendo”, señala el documento.
El texto aprobado también califica la decisión del Gobierno como “un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de la sociedad argentina: la Universidad Pública”. Por eso, exige al Poder Ejecutivo que cumpla “de manera inmediata” con la aplicación de la ley, asignando las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución.
El Consejo Superior —integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de profesores, graduados y estudiantes— consideró que el cumplimiento de la norma no solo es esencial para el funcionamiento universitario, sino también para la preservación de la institucionalidad democrática.
El conflicto se desató tras la promulgación de la Ley 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, junto a la Ley 27.796 de Emergencia Sanitaria Pediátrica. Ambas fueron promulgadas el martes por el Gobierno nacional, pero su aplicación quedó suspendida mediante los decretos 759 y 760/2025, bajo el argumento del “impacto fiscal” que implicarían.
En apenas un mes, el Ejecutivo de Javier Milei repitió la misma fórmula con tres leyes aprobadas por amplias mayorías: promulgarlas para luego suspender su cumplimiento. Una práctica que la UBA considera abiertamente inconstitucional y contraria al principio de división de poderes.