Karina Milei retiró la cautelar que impedía difundir los audios grabados en Casa Rosada, despues de constatar que en esa grabación no había nada comprometedor.
La secretaria general de la Presidencia desistió de la medida que frenaba la reproducción de grabaciones atribuidas a su persona. Aseguró que no afectan ni su intimidad ni la seguridad nacional.
Karina Milei resolvió dar marcha atrás con la medida cautelar que bloqueaba la difusión de audios que se le atribuyen y que habrían sido obtenidos en la Casa Rosada. La decisión llegó después de fuertes críticas de organizaciones periodísticas, juristas y distintos sectores que calificaron la restricción como un acto de censura previa.
En la presentación que hizo ante el juez Alejandro Maraniello, quien había concedido la cautelar, la funcionaria y hermana del presidente Javier Milei señaló que esas grabaciones no comprometen ni a su familia ni a la seguridad nacional, aunque insistió en que fueron obtenidas de manera ilegal, con fines de desinformación y daño político. Recordó, además, que ya existe una causa penal en trámite.
El Gobierno había denunciado a comienzos de septiembre ante la Justicia Federal la existencia de una operación de inteligencia clandestina destinada a registrar conversaciones privadas de la secretaria general y de otros funcionarios. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el hecho formaba parte de una “maniobra golpista” destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.
“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y de funcionarios, manipuladas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración: fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, expresó Adorni en redes sociales.
En Balcarce 50 la preocupación se extendió cuando trascendió que podrían salir a la luz grabaciones de más ministros, incluso de uno con peso clave en el gabinete. Esa posibilidad derivó en reuniones de urgencia que involucraron al propio Adorni, al asesor Santiago Caputo, al viceministro de Justicia Sebastián Amerio, al apoderado libertario Santiago Viola y a la Procuración del Tesoro.
El viernes en que los audios comenzaron a circular, el equipo legal de Milei había solicitado la medida cautelar que Maraniello avaló de forma provisoria y excepcional. Pero el fallo generó un vendaval de críticas del ámbito político, judicial y mediático, que terminó empujando a la funcionaria a dar marcha atrás.
El Gobierno, más allá del contenido de los audios, puso el foco en lo que representan: la posibilidad de un espionaje sistemático sobre altos funcionarios en casi dos años de gestión. “Si pudieron hacerlo con la persona de mayor relevancia después del Presidente, imaginate con el resto”, graficó un funcionario cercano.
La denuncia formalizada por el Ministerio de Seguridad en la Justicia Federal advierte que se trató de una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520. Según ese planteo, los audios forman parte de una maniobra destinada a “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar a la población, desestabilizar la economía e incidir en el proceso electoral”.
La difusión de las grabaciones coincidió con un momento sensible: en la recta final hacia las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y a pocas semanas de los comicios nacionales del 26 de octubre.
Fuente: Infobae