Por Oscar Meza
La jornada de ayer fue, sin exagerar, histórica. El Congreso rechazó el veto presidencial y quedó consagrada la ley de discapacidad aprobada por ambas Cámaras. No es un trámite más: para miles de familias argentinas, la continuidad de las pensiones y de las garantías vinculadas a la discapacidad marca la diferencia entre una vida sostenida y situaciones límite. Hablo desde la experiencia cercana: incluso en los casos leves, la discapacidad ordena la vida familiar y puede volverla angustiante cuando el Estado se retira. La ausencia de ese sostén empuja a hogares enteros a circunstancias dramáticas, que afectan la salud y el ánimo, y en casos extremos ponen vidas en riesgo. Por eso afirmo que lo de ayer importa en la vida real, no solo en el expediente.
También fue una señal institucional de primer orden. El Poder Legislativo asumió su rol en el equilibrio republicano con una mayoría que no dejó dudas. Ver a representantes de distintas fuerzas y regiones ocupar el espacio que les corresponde fortalece la arquitectura democrática. Ese protagonismo del Congreso, sostenido en estos días, devuelve a la política el lugar que nunca debió perder: el del debate, la negociación y los acuerdos al servicio del bien común.
En este marco, inquietan las descalificaciones que escuchamos desde áreas clave del Ejecutivo hacia el Congreso, presentándolo como un “brazo armado” de la oposición. No ayuda a nadie. Expresan un alejamiento serio de la realidad y, sobre todo, de la responsabilidad que exige el cargo. La sobriedad republicana no es un lujo retórico: es un deber.
Sostengo, con la misma seriedad con la que condené siempre cualquier aventura antidemocrática, que el país debe discutir el final de esta etapa por las vías que la Constitución prevé. Existen mecanismos como el juicio político y, llegado el caso, la convocatoria a una Asamblea Constituyente que, de modo transitorio, ordene la transición hasta que las fuerzas representativas definan un rumbo con legitimidad. Hablar de esto no es golpismo: es usar las herramientas que el propio sistema se da para corregirse a tiempo.
Otra parte del problema es un Poder Judicial que demasiadas veces no cumple su función. Cuando la Justicia no hace valer sus decisiones o aparece cooptada por intereses ajenos al interés público, la República se debilita. Si funcionara siquiera de manera aceptable, muchos comportamientos de funcionarios deberían ser evaluados con el rigor que marcan nuestras leyes. Lo digo con convicción y consciente de su gravedad.
Lo de ayer devuelve centralidad a las instituciones y, sobre todo, alivio a quienes más lo necesitan. Ese es el camino: reglas claras, respeto entre poderes y decisiones que mejoren la vida concreta de las familias. Por eso digo que fue un día histórico y que debemos estar a la altura de lo que inauguró.