Hubo dos hechos de intimidación concretos y comprobados que deben leerse sin eufemismos. Primero: el delegado gremial de UTICH en ECOM, Diego Almirón, halló dos proyectiles calibre 9 mm adheridos con cinta al limpiaparabrisas de su vehículo y presentó la denuncia ante la Fiscalía; la Policía ordenó pericias y secuestro de la evidencia.
Segundo: el Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco informó y repudió un nuevo intento de intimidación contra el dirigente de la UTEP, Max Bruscker, detallando que a Bruscker le dejaron un mensaje mafioso acompañado de municiones; el comunicado señala que estos hechos se suman al ataque contra Almirón y exige medidas urgentes de protección e investigación.
Al mismo tiempo, Jorge Capitanich salió a denunciar públicamente en sus redes la circulación de “videos pautados” —materiales en YouTube y otras plataformas que, según él, forman parte de una campaña coordinada para desprestigiar a su espacio político—, lo que suma la dimensión digital a la escalada de intimidación.
Estos hechos no pueden tratarse como incidentes aislados: la combinación de intimidación física (municiones y mensajes mafiosos) y operaciones digitales presuntamente pautadas constituye una amenaza directa a la seguridad personal de dirigentes y al normal funcionamiento del debate democrático. El Partido Justicialista exige que la Justicia y las fuerzas de seguridad actúen con celeridad; las plataformas digitales, por su parte, deben investigar y retirar contenidos que contravengan normas y permitan campañas de desprestigio pagadas.
Hubo dos amenazas palpables —una contra Diego Almirón y otra contra Max Bruscker— y una denuncia pública de campaña digital pautada por parte de Capitanich. No son teorías ni metáforas: son hechos que exigen protección inmediata para las personas afectadas, una investigación penal exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables, y controles sobre el origen y la pauta de los materiales que se difunden en redes.
El gobierno provincial tiene la obligación institucional y ética de condenar públicamente estos actos sin ambigüedades y de buscar con decisión a los culpables, coordinando a Policía, Fiscalía y canales institucionales para garantizar investigación y protección.
La política puede ser áspera, pero la intimidación y el mensaje mafioso son delitos y deben ser tratados como tales. La democracia se sostiene en el respeto a las reglas del juego; minimizar estas agresiones o tratarlas como un dato menor es abrir la puerta a la impunidad y debilitar las garantías de toda la ciudadanía chaqueña.