Una vez más, la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a la Argentina y al Reino Unido a reanudar cuanto antes las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas. Como cada año, la Asamblea General del organismo aprobó por aclamación una declaración que reafirma la necesidad de resolver el diferendo mediante el diálogo y el respeto al derecho internacional. Sin embargo, más allá del gesto diplomático, nada cambia.
El representante argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, agradeció el respaldo regional, aunque volvió a denunciar que Londres se niega sistemáticamente a sentarse a dialogar, escudándose en el principio de libre determinación de los pueblos, aplicado a una población implantada por la propia potencia ocupante. También advirtió sobre la entrega de licencias para explotar recursos pesqueros y energéticos en la zona en disputa.
Pero lo cierto es que el reclamo argentino lleva décadas en piloto automático. Desde 1833, cuando el Reino Unido desalojó por la fuerza a las autoridades locales, ningún gobierno argentino —más allá de comunicados y discursos encendidos— logró avances concretos. Incluso después de la guerra de 1982, que dejó más de 900 muertos, las sucesivas administraciones han oscilado entre la diplomacia tibia y la retórica vacía.
Mientras tanto, el Reino Unido afianza su presencia en el Atlántico Sur y consolida un enclave militar que, además de sostener una ocupación ilegítima, le permite controlar una región estratégica y rica en recursos. En ese escenario, la resolución de la OEA suena a déjà vu: una declaración bienintencionada que no incomoda a nadie y que no altera el statu quo.
El reclamo sigue siendo justo, pero sin una estrategia más audaz y sin voluntad internacional para presionar efectivamente a Londres, seguirá encallado en los foros multilaterales, esperando —como desde hace casi dos siglos— una respuesta que no llega.