El Juzgado Federal de Goya resolvió elevar a juicio la investigación principal por la desaparición de Loan Danilo Peña. Siete personas afrontarán cargos por sustracción y ocultamiento del menor; otros diez imputados continúan en una causa paralela.
El miércoles 5 de junio de 2025, la jueza Cristina Pozzer Penzo del Juzgado Federal de Goya firmó la resolución que eleva a juicio la causa principal por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de seis años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal, Corrientes. Con esta decisión, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel enfrentarán un debate oral por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor, previstos en el artículo 146 del Código Penal.
El expediente principal acumuló más de 90 cuerpos y decenas de legajos conexos desde el inicio de la investigación. En el requerimiento fiscal se detalla que los siete imputados “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña” tras el almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina Peña, para luego simular la pérdida del niño, incluso con la plantación de un pañal en un lodazal y difundiendo una falsa noticia sobre su hallazgo. Aun cuando casi un año ha pasado, el cuerpo del menor no ha sido hallado, y la instrucción sumó comunicaciones telefónicas de los acusados como evidencia clave.
Junto a la elevación a juicio de estos siete procesados, otros diez imputados quedaron sujetos a una causa paralela por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación. El fiscal federal Carlos Schaeffer confirmó que, en total, suman 17 personas con imputaciones relacionadas al caso: los siete principales por sustracción y los diez restantes por encubrimiento. Esta fase parcial de cierre de la instrucción deja a la Justicia formalmente lista para convocar al debate oral, aunque la causa secundaria seguirá su curso en paralelo hasta definir si alcanza los méritos para juicio o sobreseimiento.
Según el fiscal Schaeffer, el juicio oral podría comenzar en el segundo semestre de 2025, dependiendo del calendario del Tribunal y de la disponibilidad de los 12 ciudadanos que integrarán el jurado. Hasta ahora, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) fueron los encargados de coordinar la investigación; la querella particular, representada por los padres de Loan, acompañó la elevación a juicio como paso clave para exigir que el proceso no se dilate más.
Desde la desaparición de Loan, su familia, organizaciones de derechos humanos y colectivos de género han reclamado mayor celeridad y transparencia en la causa. Denuncian demoras en la entrega de pericias y señalan que el vínculo de algunos acusados con redes políticas locales podría haber influido en ciertos plazos procesales. Mientras tanto, la falta de novedades sobre el paradero del niño mantiene abierta la demanda de intensificar los rastrillajes y las medidas judiciales para localizarlo.
Con la investigación principal ya elevada a juicio, las defensas de los siete imputados tendrán oportunidad de presentar recusaciones y recursos de nulidad antes del debate oral. En esta etapa, queda por resolver el destino de la causa paralela: si los diez procesados por encubrimiento entran eventualmente al juicio oral o se elevan sus legajos a un tribunal diferente. Para la fecha tentativa del juicio, la Justicia de Corrientes deberá asegurarse de que tanto la fiscalía como la querella puedan acceder a las casi cien cajas de expediente y a todas las pruebas, incluidas pericias forenses, testimonios y registros telefónicos que sostienen la hipótesis de sustracción planificada.
Hasta que no se concrete el inicio del debate oral, la familia de Loan, sus abogados y los colectivos que siguen el caso mantendrán la presión para que no se soslayen responsabilidades institucionales. El próximo paso procesal será la fijación de la fecha exacta para la instrucción de jurados y la determinación de si se unifican o mantienen separados los dos núcleos de imputados. El reto pendiente es que, a más de 360 días de la desaparición, las audiencias brinden certezas y que el juicio no quede reducido a un simple trámite burocrático.