En una conferencia realizada el jueves 5 de junio, el jefe de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert presentaron en Casa Rosada el proyecto de “Inocencia Fiscal” que busca modificar las leyes penal y tributaria para facilitar el ingreso de los dólares guardados fuera del sistema formal. El Ejecutivo envió la iniciativa al Congreso, donde pretende elevar los umbrales de lo que se considera evasión y blindar a quienes adhieran al régimen simplificado de ganancias.
Argentina arrastra un volumen estimado en más de 200.000 millones de dólares “bajo el colchón” que permanece al margen del circuito formal. Con esa realidad como telón de fondo, el Gobierno oficializó este jueves el envío al Congreso del proyecto de ley denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, cuyo objetivo central es promover que esos billetes ingresen al sistema financiero sin la amenaza de denuncias penales o sanciones tributarias excesivas.
El anuncio fue encabezado por Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), junto al diputado José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien confirmó que el proyecto ya fue enviado por vía electrónica para su tratamiento en comisiones.
La iniciativa propone elevar los montos mínimos para que un ahorro en dólares deje de ser considerado delito de evasión. Asimismo, introduce modificaciones en el régimen penal tributario y en el procedimiento tributario, con el fin de “blindar” al ahorrista que decida regularizar voluntariamente sus fondos. Según el texto, quienes se adhieran al régimen simplificado de ganancias quedarán exonerados de imputaciones penales por delitos económicos vinculados con esos fondos.
Espert advirtió que, para sumar dólares al sistema formal, las provincias que no se adhieran al régimen no recibirán información de los contribuyentes. Con esa advertencia, el diputado buscó presionar a los distritos a aceptar las modificaciones y garantizar que quienes aún guardan billetes en casa no queden expuestos a posibles investigaciones.
El proyecto incluye, además, un aumento de las multas para casos de evasión y redefine las condiciones para investigar a quienes no declaran sus divisas. De aprobarse, solo se investigará a quienes, superados los nuevos pisos, continúen operando en el mercado informal. La intención oficial es desactivar lo que califican como un “régimen persecutorio” contra quienes, hasta ahora, optaron por mantener sus ahorros fuera del sistema bancario.
Quienes critican la iniciativa señalan que podría legitimar prácticas de lavado de dinero y vulnerar mecanismos de control fiscal. Un artículo de Página/12 advierte que el proyecto justifica la evasión y otros delitos, comparándolo con anteriores blanqueos impulsados por gobiernos previos. Para esos sectores, el “blindaje” que promete la ley corre el riesgo de generar impunidad para quienes obtuvieron billetes de origen dudoso.
De prosperar en el Congreso, el régimen permitiría depositar hasta 85.000 dólares sin justificar el origen, y efectuar transferencias bancarias de hasta 43.000 dólares libres de controles. El Ejecutivo estima que así se reactivará el circuito formal de divisas sin afectar la recaudación tributaria, siempre que los ahorristas acepten pagar un impuesto mínimo por la regularización.
La discusión parlamentaria ya tiene fecha tentativa en comisiones, aunque no se han fijado plazos concretos. El oficialismo prevé demorar la oposición mínima posible, aduciendo que “quien no quiera sumarse a la formalidad no puede quedar expuesto a sanciones exageradas”, según declaró el propio Espert. Por su parte, algunos bloques opositores señalaron que requerirán más tiempo para analizar los alcances fiscales y jurídicos de la propuesta.
Además, hay una arista ética y legal que no puede pasarse por alto: esta medida pone en desventaja a quienes fueron rigurosos y declararon sus dólares en tiempo y forma, premiando en realidad a quienes eludieron sus obligaciones. Liberar el acceso al circuito formal para billetes cuyo origen no siempre está acreditado corre el riesgo de habilitar maniobras de lavado de dinero y debilitar los controles impositivos, lo que genera un efecto cascada de impunidad. Por otra parte, confiar en que la reactivación económica pase exclusivamente por la incorporación de los “dólares del colchón” ignora la necesidad de políticas estructurales—como un tipo de cambio estable, fomento a la producción local y mejoras en la cadena de créditos—sin las cuales cualquier ingreso adicional de divisas podría terminar alimentando nuevamente el mercado paralelo en lugar de fortalecer la economía real.
Con el proyecto ya en manos de los diputados y senadores, todas las miradas se giran ahora hacia el Congreso.