El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 declaró inconstitucional el decreto 759/2025 con el que el presidente Javier Milei había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo del juez Martín Cormick ordena al Gobierno cumplir de inmediato con la norma sancionada por el Congreso y girar los recursos a las universidades.
El Poder Ejecutivo había promulgado la ley pero, al mismo tiempo, frenó su ejecución alegando que no estaban previstas las fuentes de financiamiento. Se basó en el artículo 5° de la Ley 24.629 y en el artículo 38° de la Ley de Administración Financiera, que exigen especificar partidas presupuestarias para nuevos gastos.
En una resolución de 50 páginas, Cormick dio lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la UBA y otras casas de estudio. El magistrado sostuvo que la propia Ley 27.795 establece en su artículo 9° cómo financiar lo dispuesto, y que el Congreso, al insistir con mayorías especiales, ya había cumplido los requisitos legales.
“El Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad, porque suspende una ley vigente amparándose en normas anteriores”, señaló el juez.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en agosto de 2025 y vetada en octubre por el Ejecutivo. El Congreso insistió con dos tercios de los votos y la convirtió en ley. Luego, el Gobierno la promulgó pero suspendió su aplicación.
El CIN y varias universidades presentaron un amparo para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto y se ordenara el cumplimiento inmediato. En diciembre de 2025, Cormick dictó una cautelar que fue confirmada por la Cámara y ratificada por la Corte Suprema en junio de 2026.
Como el Gobierno persistía en incumplir, el juez intimó en dos ocasiones al Ejecutivo. Finalmente, este martes resolvió la cuestión de fondo: declaró inconstitucional el decreto y ordenó girar los fondos.
El fallo deja al Gobierno sin margen para desconocer una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema. La educación superior, una vez más, se convierte en terreno de disputa institucional y política.