Abonar un peaje en una concesion sin obras ni alternativa, se traduce en un modelo que prioriza la recaudación
El nuevo esquema de concesiones viales impulsado por el Gobierno nacional vuelve a ubicar al puente interprovincial General Manuel Belgrano en el centro de una controversia estructural: el cobro permanente de tarifas sobre un corredor estratégico que carece de vías alternativas y de inversiones previstas para ampliar su capacidad. Según advirtió Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), los automovilistas de Chaco y Corrientes enfrentan un esquema recaudatorio sin contraprestación real en materia de infraestructura ni seguridad vial.
El referente de los usuarios calificó el sistema como una "estafa de por vida". El diagnóstico apunta a una distorsión de origen en el régimen de peajes: la ausencia absoluta de caminos alternativos gratuitos para cruzar el río Paraná entre ambas capitales provinciales. A diferencia de otros corredores viales donde el conductor puede optar por una traza secundaria sin cargo, la geografía del viaducto convierte la tarifa en un paso obligado para el transporte de cargas, pasajeros, trabajadores, estudiantes y pacientes del sistema sanitario regional.
Cobros dispares, penalizaciones y falta de transparencia
A la discusión de fondo sobre el modelo concesionario se suman irregularidades operativas reportadas por usuarios frecuentes del puente. De acuerdo con testimonios recopilados por Diario Norte, mientras las cabinas de peaje atraviesan tareas de obra y permiten el paso sin cobro manual a ciertos vehículos, conductores adheridos al sistema TelePASE vinculado a billeteras virtuales como Mercado Pago continúan registrando descuentos automáticos al cruzar los pórticos de lectura. La disparidad —que según los propios automovilistas no se replicaría bajo las mismas condiciones en la estación de Makallé— expone la ausencia de información oficial clara sobre la vigencia y legalidad de los cargos durante la ejecución de trabajos en la traza.
En paralelo, Lasca cuestionó la implementación de recargos que duplican la tarifa para quienes no utilizan medios electrónicos de pago, así como la proyección del sistema Free Flow (peaje sin barreras) hacia 2027. Desde la perspectiva de los usuarios, estas penalizaciones operan como sanciones económicas encubiertas sin sustento en infracciones de tránsito, agravadas por demoras en las estaciones que incrementan el riesgo de siniestros viales y choques en cadena.
Un esquema sin control ciudadano ni obras de ampliación
El cuestionamiento también alcanza la institucionalidad del sistema. Si bien el Ejecutivo nacional realizó audiencias públicas y consultas escritas antes de avanzar con las modificaciones contractuales, desde el Comité de Usuarios Viales subrayan su carácter no vinculante y denuncian un estado de indefensión agravado por los 17 años de acefalía en la Defensoría del Pueblo de la Nación, situación que motivó una denuncia penal contra legisladores de la Comisión Bicameral por la demora en la designación de autoridades.
Desde el plano tributario, el dirigente sostuvo que el peaje funciona en los hechos como un "impuesto al tránsito" y una doble imposición, argumentando que los conductores ya financian el mantenimiento vial a través de los gravámenes incluidos en los combustibles —una postura que contrasta con el encuadre técnico oficial, donde los impuestos a los combustibles y las tarifas concesionadas responden a esquemas de recaudación distintos—.
Más allá de las discusiones jurídicas, el eje del reclamo regional radica en la falta de contraprestación tangible. Con un flujo vehicular creciente que desborda la capacidad operativa del viaducto y sin proyectos firmes de ampliación en marcha, la continuidad del cobro consolida un escenario en el que los usuarios financian una concesión cuya principal obra visible sigue siendo la caja recaudadora.

