El 9 de septiembre de 2026, la salud chaqueña volvió a estallar en las calles y en los comunicados. Prestadores privados y entidades médicas advirtieron que, “de no mediar una pronta respuesta y solución, es inminente el quiebre del sector”. El atraso en los pagos, la falta de actualización de aranceles y el ajuste aplicado en el INSSSEP configuran un escenario de asfixia financiera que amenaza con paralizar clínicas y sanatorios.
El titular de ACLYSA, Armando Frangioli, explicó que el organismo estatal representa casi el 80% de la capacidad de trabajo de los prestadores privados. Sin actualización de unidades médicas ni pagos en tiempo y forma, la crisis se profundiza. Los reclamos por medicamentos y tratamientos ya escalaron a la Justicia, colocando al INSSSEP en el centro de una tormenta judicial y política.
Protesta multisectorial
La tensión se trasladó a las calles: la APTASCh convocó a una movilización en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, en unidad con gremios docentes y otros sectores. Denuncian precarización laboral, contratos de servicios con sueldos de bolsillo cercanos a $400.000 —apenas la mitad de la Canasta Básica Alimentaria— y ausencia total de respuestas políticas.
“Los trabajadores cumplen con su carga horaria y sus funciones, pero el Estado ignora sus obligaciones”, expresaron desde la organización. La protesta se convierte en la única herramienta para exigir soluciones concretas frente al deterioro sostenido del sistema sanitario.
En síntesis: el colapso del sector privado, el ajuste en el INSSSEP y la precarización laboral en hospitales públicos configuran una crisis sanitaria que acorrala al gobernador Zdero y que, sin medidas urgentes, amenaza con un freno total de prestaciones en Chaco. Mientras tanto de parte de Zdero silencio absoluto.