Un grupo de más de mil académicos y científicos de diversas provincias ha manifestado su preocupación ante el proyecto denominado Súper RIGI. Este plan, que ya cuenta con la aprobación preliminar de la Cámara de Diputados y está siendo evaluado en el Senado, ha generado inquietud por sus posibles implicancias fiscales, ambientales y regulatorias.
Inquietudes sobre el “Súper RIGI”
A través de una carta abierta dirigida a los senadores, los firmantes expresan que el proyecto, auspiciado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, proporciona ventajas fiscales, estabilidad regulatoria prolongada y protección jurídica excepcional a grandes corporaciones tecnológicas, sin exigir un compromiso claro en términos de empleo local o desarrollo tecnológico nacional.
El documento argumenta que el régimen propuesto es más que un simple incentivo a la inversión; representa una renuncia a la capacidad de regular sectores estratégicos por generaciones. Un tema adicional de preocupación es la combinación de este régimen con otro proyecto que otorga personalidad jurídica a entidades dirigidas por inteligencia artificial, lo que podría crear un marco legal que beneficie desproporcionadamente a las grandes empresas tecnológicas.
El gobierno de Javier Milei promueve este proyecto como una estrategia para posicionar a Argentina como un líder regional en inversiones tecnológicas e inteligencia artificial, con la promesa de atraer inversiones superiores a US$ 1.000 millones gracias a un marco de beneficios fiscales y estabilidad por 30 años.
Los académicos alertan sobre las implicaciones ambientales, destacando que las infraestructuras tecnológicas de gran escala consumen cantidades significativas de electricidad y agua, lo que podría afectar los recursos naturales en un contexto de crisis climática.
El documento también critica el desfinanciamiento del CONICET y la reducción de recursos para universidades, argumentando que estas políticas debilitan la capacidad de Argentina para desarrollar una estrategia tecnológica propia. Enfatizan que la inversión en tecnología no debe realizarse a costa de la soberanía regulatoria del país.
El llamado final de los signatarios es a que el Senado considere los efectos del proyecto sobre el empleo, los recursos naturales y la capacidad del Estado para desarrollar políticas a largo plazo, subrayando que Argentina necesita inversiones y tecnología, pero no a cualquier costo.
Fuente: Noticias Ambientales.