El fallo de la Cámara de Casación que benefició a Guillermo Moreno vuelve a poner en discusión la relación entre Justicia y poder político en la Argentina. Con los votos de Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, el tribunal consideró que la causa por la manipulación de los índices de inflación en el Indec estaba prescripta, pese a que Moreno y Beatriz Paglieri habían sido condenados en 2024 a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La decisión no implica una absolución inmediata, pero ordena al tribunal oral que falle en consecuencia con el criterio de prescripción. El caso ahora queda en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si la condena se sostiene o si finalmente se extingue la acción penal.
El trasfondo es crítico: se trata de la causa más emblemática contra el exsecretario de Comercio Interior, acusado de falsear estadísticas públicas en 2007. La manipulación del Índice de Precios al Consumidor fue uno de los episodios más cuestionados del kirchnerismo, porque afectó la credibilidad de los datos oficiales y distorsionó la política económica.
La interpretación de Casación abre un precedente polémico. Al sostener que la prescripción no se suspende automáticamente por el hecho de que un imputado sea funcionario, sino que depende de si ese cargo podía obstaculizar la investigación, se habilita un camino que puede favorecer a otros exfuncionarios acusados de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Queda mas abierta la puerta inclusive para el actual manejo de indices del INDEC a cargo de Caputo en la posibilidad de un futuro caso judicial.
Moreno acumula además otras condenas firmes por peculado y amenazas, lo que refuerza la percepción de que el fallo actual funciona como un alivio judicial en un momento en que la Justicia debería dar señales de firmeza frente a los abusos de poder.
La crítica central es que este tipo de resoluciones profundiza la desconfianza ciudadana en las instituciones. Cuando las causas por corrupción o manipulación de datos oficiales terminan diluyéndose en tecnicismos procesales, el mensaje que recibe la sociedad es que la impunidad sigue siendo la regla para quienes ocuparon cargos de poder.