El diputado nacional de La Libertad Avanza por Formosa y exintendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, quedó nuevamente en el centro de una polémica judicial. Una empresaria rosarina aseguró que le entregó 40 mil dólares para participar en la compra de un campo en Pozo del Tigre, en el oeste formoseño y que, años después, terminó involucrada en una causa por presuntas irregularidades en la operación.
La denuncia fue relatada públicamente por Paula Inés Paganti, empresaria vinculada a la actividad ganadera, en una entrevista radial en Formosa. Según contó, conoció a Basualdo cuando desarrollaba un emprendimiento rural en Las Lomitas y fue el entonces intendente quien le propuso sumarse a la compra de un campo ubicado a unos 150 kilómetros de su establecimiento.
Paganti afirmó que inicialmente no tenía interés en la operación por la distancia del predio, pero que Basualdo insistió hasta convencerla. De acuerdo con su testimonio, entregó 40 mil dólares y el dirigente se ocupó de las negociaciones, el contacto con los supuestos vendedores y los trámites vinculados a la compra.
“Yo confiaba en él porque era el intendente”, sostuvo la empresaria, al explicar que nunca conoció personalmente a los propietarios ni recorrió las tierras antes de avanzar con la inversión.
El caso forma parte de una investigación que tramita en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa. En ese expediente, Basualdo aparece imputado por presunta estafa en tres hechos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta.
La investigación busca determinar si los terrenos comercializados correspondían a tierras fiscales y si sus ocupantes fueron inducidos a vender mediante engaños o falsas representaciones. Una de las líneas bajo análisis apunta a establecer si en las maniobras se invocaron supuestos intereses del Estado provincial para concretar las operaciones.
Paganti sostuvo que siempre creyó que la documentación estaba en regla y que la operación era legal. “A mí me dijeron que los títulos estaban bien, que todo estaba en condiciones”, afirmó. También aseguró que no recuperó el dinero invertido y que perdió contacto con Basualdo tiempo después de la compra.
La empresaria describió además el impacto personal que le generó quedar involucrada en el expediente. Dijo que nunca había tenido problemas con la Justicia y que la situación la afectó profundamente.
Basualdo rechazó las acusaciones y afirmó que el objetivo de la denuncia es “desacreditarlo”. En declaraciones a medios formoseños, sostuvo que la operación fue legal, que se realizó mediante escritura pública y que la compra se concretó entre 2021 y 2022.
El diputado libertario vinculó la causa con una supuesta persecución política por su ruptura con el oficialismo formoseño. También apuntó contra el Instituto de Tierras y contra el sistema judicial provincial, al que acusó de actuar como brazo político del gobierno de Gildo Insfrán.
Según su versión, no hubo estafa y los vendedores contaban con derechos sobre esas tierras. También dijo que cada parte compró un lote de 500 hectáreas y defendió la legalidad de la operación.
Atilio Basualdo llegó a la Cámara de Diputados de la Nación por La Libertad Avanza, luego de haber construido su carrera política en Formosa y de desempeñarse como intendente de Las Lomitas. Su salto al espacio libertario lo ubicó como una de las figuras opositoras con mayor exposición en la provincia.
Pero esa exposición también llegó acompañada de distintos cuestionamientos.
Además de la causa por la operación rural, Basualdo arrastra otros expedientes y cuestionamientos. Uno de ellos involucra a BM Combustibles, una estación de servicio de su propiedad ubicada sobre terrenos pertenecientes a la Ruta Nacional 86. La Dirección Nacional de Vialidad impulsó una causa de desalojo por la ocupación del predio y obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia, aunque la medida no habría sido ejecutada.
También se lo menciona en una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, vinculada a un operativo policial en Las Lomitas, y en el expediente por presunta estafa, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta relacionado con la compra de tierras en el oeste formoseño.
Por ahora, la investigación deberá determinar si hubo una maniobra fraudulenta en torno a la compra de tierras. Mientras tanto, el legislador libertario queda otra vez bajo la lupa por una operación rural que terminó lejos del campo y mucho más cerca de los tribunales.