Funcionarios libertarios que adhirieron a la Ley de Inocencia Fiscal: el debate por los beneficios y los cuestionamientos políticos.
La decisión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa Bettina Angeletti de solicitar el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias, una de las herramientas previstas dentro de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, abrió un nuevo debate político dentro del oficialismo.
La adhesión al sistema no fue un caso aislado dentro del espacio libertario. Según trascendió, otros funcionarios y dirigentes vinculados al Gobierno de Javier Milei también solicitaron incorporarse al régimen, entre ellos el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el exdiputado José Luis Espert; el documentalista oficial de la Casa Rosada Santiago Oría y otros integrantes del entorno político del oficialismo.
Desde el Gobierno remarcaron que el régimen simplificado no constituye técnicamente un blanqueo de capitales ni implica una admisión de evasión fiscal. La normativa establece mecanismos para simplificar la declaración de Ganancias y limita determinados controles retroactivos del organismo fiscal sobre declaraciones anteriores, siempre dentro de los alcances previstos por la ley.
Sin embargo, el sistema generó críticas porque, entre sus beneficios, contempla la posibilidad de incorporar activos no declarados al circuito formal bajo determinadas condiciones y establece restricciones a futuras revisiones fiscales, lo que para sus cuestionadores representa una reducción de los controles estatales.
El caso de Adorni tomó mayor relevancia por tratarse de un funcionario de máxima confianza presidencial y por las investigaciones públicas que lo rodean sobre su patrimonio. Desde su entorno aclararon que no se trata de un blanqueo y que la adhesión responde a la intención de ordenar su situación tributaria.
La controversia también alcanzó a otros dirigentes libertarios. Entre ellos aparece José Luis Espert, quien solicitó ingresar al régimen luego de haber quedado vinculado a investigaciones judiciales relacionadas con Federico "Fred" Machado, investigado en Estados Unidos por delitos financieros y narcotráfico. Espert negó irregularidades y sostuvo que no existe relación entre su situación fiscal y esas causas.
También figura Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien se sumó al régimen simplificado. Su caso generó cuestionamientos adicionales por haber recibido un crédito hipotecario del Banco Nación dentro de los programas con tasas subsidiadas destinados a empleados y funcionarios.
Federico Sturzenegger fue otro de los integrantes del Gobierno que ingresó al sistema. Desde el Ministerio de Desregulación señalaron que se trata de un mecanismo al que accedieron miles de contribuyentes y que el funcionario lo utilizará como cualquier ciudadano que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La adhesión también alcanzó a figuras cercanas al oficialismo, como Santiago Oría, realizador audiovisual vinculado a la comunicación presidencial, y Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y exfuncionario, además de personas relacionadas con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.
La Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Gobierno y aprobada con respaldo de sectores aliados en el Congreso, modificó el esquema de control tributario al establecer que será el Estado quien deberá detectar eventuales irregularidades, en lugar de exigir una justificación preventiva sobre determinados movimientos patrimoniales.
Sus defensores sostienen que la norma busca terminar con la persecución fiscal y brindar previsibilidad a los contribuyentes. Sus críticos, en cambio, advierten que puede reducir la capacidad del Estado para investigar inconsistencias y facilitar la regularización de fondos cuyo origen o declaración previa podrían ser cuestionados.
El punto central de la discusión política no está en si la adhesión implica automáticamente reconocer un delito —algo que la norma no establece—, sino en el impacto institucional de que funcionarios que participaron en la elaboración o defensa de una política fiscal sean también beneficiarios directos de sus alcances.
Para sus críticos, la situación genera un problema de transparencia y de ética pública, mientras que desde el oficialismo sostienen que los funcionarios son contribuyentes alcanzados por las mismas reglas que cualquier ciudadano.
El episodio vuelve a poner en debate los límites entre una herramienta de regularización fiscal y la responsabilidad política de quienes ocupan cargos públicos, especialmente cuando las normas aprobadas terminan alcanzando a los propios integrantes del poder que las impulsó.