Por Mariángeles Guerrero
Desde Santa Fe
Lo que se conoce como “Hidrovía Paraná-Paraguay” es un sistema hídrico que surca Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Recorre 3.442 kilómetros desde Puerto Cáceres (Brasil) a Nueva Palmira (Uruguay). Conduce a los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay a su desembocadura ancha en el Río de la Plata. Lo que se nombra como hidrovía es un camino caudaloso rumbo al sur, cargado de peces, de canoas, de irupés y de historias. Ese ecosistema, esas comunidades, peligran ante una nueva licitación para reprivatizarlo. “Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder. Y quienes tienen el poder sobre nuestros ríos son empresas multinacionales como Cargill, Cofco y Viterra”, asegura el investigador Luciano Orellano.
Orellano participó de la segunda remada contra la nueva privatización del Paraná (la concesión anterior cayó en 2021). La primera fue en marzo del año pasado, desde Clorinda (Formosa) a Rosario (Santa Fe). Este año, la Travesía Náutica por el Paraná comenzó el 7 de marzo en Corrientes y culminó el 21 en las playas rosarinas. En esta oportunidad, pasó por la ciudad de Santa Fe, atravesando el riacho Santa Fe y la laguna Setúbal, frente a la costanera local.
Actualmente, las profundidades máximas de calado en el Paraná Medio son de 27 pies, de 34 pies en el Paraná Inferior, de 34 a 37 pies en el Paraná de las Palmas y de 34 pies en los canales del Río de la Plata. Esas profundidades se establecieron tras la primera privatización, durante el gobierno de Carlos Menem, con el objetivo de que ingresen al Paraná buques de altamar, que puedieran ser cargados en los puertos. La nueva privatización propone un dragado de 44 pies. De aprobarse, se secarán las lagunas y bañados que forman parte de la cuenca del río.
Gabriela Ferrer es abogada, vive en Santa Fe y presentó una medida cautelar para frenar la concesión de la llamada hidrovía a empresas extranjeras como Jan de Nul —la misma que manejó la primera concesión— y DEME, competidoras que superaron la primera etapa en el actual en proceso licitatorio. Mientras recibe a las y los remeros frente a la laguna Setúbal, explica que no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo sobre lo que implicará el dragado a 44 pies y sostiene: “No hay antecedentes de que eso funcione, porque nunca se hizo en ninguna parte del mundo. Hacerle esto al río es un ecocidio”.
“Hay muchos intereses sobre este tema y el gobernador (Maximiliano Pullaro) representa los intereses económicos más potentes de nuestra provincia, intereses que dejan afuera a millones de personas”, asegura.
También reclama que se respete el Acuerdo de Escazú en relación a la participación ciudadana en materia ambiental. Es lo mismo que en los últimos días se reclamó en las audiencias públicas por la Ley de Glaciares. “Hicieron un fantoche de audiencia pública, con la que el Estado se defiende, incluso judicialmente. Pero las normas prevén otra cosa. El Acuerdo de Escazú reglamenta cómo tiene que ser la participación ciudadana, cómo tiene que actuar el Estado antes de llevar adelante decisiones que puedan impactar de manera negativa y grave al ambiente, como es en este caso”, denuncia Ferrer. La historia se repite a favor de los intereses empresariales.
En la audiencia popular, 250 personas que se presentaron y solamente siete estuvieron a favor del nuevo dragado. Pero eso no se tomó en cuenta.
El negocio de la hidrovía
Por el río Paraná se transportan cerca de 100 millones de toneladas en granos, minerales, combustibles y aceite vegetal, explica Luciano Orellano en su libro “Argentina sangra por las barrancas del río Paraná”. El tramo principal del río se concesionó en 1995. Inicialmente fue por un plazo de diez años, pero se terminó prorrogando hasta 2021. Quien estuvo a cargo fue la empresa Jan de Nul en asociación con la argentina Emepa, a través del consorcio Hidrovía S.A. La privatización implicó un sistema de peajes que recauda, según Orellano, 200 millones de dólares por año.
La publicación detalla que gran parte de la producción de la soja paraguaya, boliviana y de los estados brasileños de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur es transportada por los ríos Paraguay y Paraná, aguas abajo hacia los puertos y las plantas de crushing (procesamiento del poroto) radicadas en Argentina. El hierro proveniente tanto del cerro Mutúm (Bolivia) como del Macizo de Urucum (Brasil) viajan hacia a las acerías de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, y de San Nicolás, en Buenos Aires. Otra parte importante se envía a China.
Se estima que un 80 por ciento de las cargas que se transportan en la hidrovía corresponden a productos y derivados del complejo agroexportador. De todos los países que comparten esta cuenca fluvial, Argentina es el que posee mayor cantidad de kilómetros. Sin embargo, afirma Orellano, el 98 por ciento de los buques que circulan por sus aguas son de bandera extranjera. Y los puertos son privados, por lo que la regulación y participación pública en ellos es prácticamente inexistente.
Actualmente, el Gobierno analiza los pliegos licitatorios presentados en marzo. Tres empresas concurrieron al llamado: las belgas Jan de Nul y DEME y la brasileña DTA Engenheria, que fue descalificada tras la primera etapa de apertura de sobres. Se estima que el Gobierno se expedirá sobre los pliegos a fines de abril o a principios de mayo. Organizaciones socioambientales, pescadores y comunidades costeras marcaron que no se presentó un estudio de impacto ambiental para el dragado a 44 pies de profundidad.
En diálogo con Tierra Viva, Orellano expresa: “Al inventar un negocio de 500 millones de dólares para empresas extranjeras, se renuncia a tener un órgano de control, de administración y de gestión por parte del Estado, con un organismo consultivo que sea vinculante y que contemple el federalismo”.
Marca que debe tenerse en cuenta la perspectiva de las provincias porque, al dragarse el lecho del río, se afectan jurisdicciones provinciales. El año pasado cayó la licitación por una protesta de Jan de Nul frente a la documentación presentada por DEME, por considerarla irregular. “Hay impugnaciones de una empresa con la otra, es decir: guerras de piratas. Pero lo más grave es que la política del Gobierno es renunciar a nuestra soberanía”, lamenta.
Para el entrevistado, se construyó un andamiaje jurídico-legal para vaciar el Estado. Se disolvió la Administración General de Puertos, pese a que en Argentina hay 120 puertos en el litoral fluvial y en el litoral marítimo. Y las vías navegables dependen de una agencia dependiente del Ministerio de Economía.
“El gobierno creó un órgano consultivo donde habla de ‘los usuarios’. Esto no es un tema de los usuarios, esto es un tema de los argentinos. ¿Quiénes son los usuarios? La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, empresas como ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Cofco, Viterra: multinacionales extranjeras que intervienen a través de los cuerpos diplomáticos de sus países”, cuestiona.
La situación de las familias pescadoras
Nelson Yapura es pescador de la costa paranaense. “Defender el río Paraná, la cuenca del Plata y los humedales es una lucha prolongada”, asegura. A sus pies, el agua mece los camalotes y las canoas descansan por un momento sobre la costa.
“Quieren llevar adelante estas obras sin consultarnos a quienes vivimos del río como pescadores artesanales, que además somos prácticamente los cuidadores del río, los que estamos en él todos los días del año. Vengan épocas buenas o épocas malas en la pesca, estamos presentes”, manifiesta.
Sobre cómo el dragado afectaría a la pesca artesanal, explica que generará un desnivel de agua entre la localidad santafesina de Timbúes agua arriba y desde Timbúes aguas abajo. Los humedales de Victoria, Diamante, Ibicuy (Entre Ríos) y el Delta bonaerense también se verán afectados en lo que respecta a la cría de peces.
Señala que las especies del Paraná (bagres, amarillos, moncholos, patí, surubí, armado) desovan en un 80 por ciento en el cauce principal del río. Luego ingresan a las lagunas y a los bañados para desarrollarse cuando aún son larvas. “Si secamos los humedales, esos peces van a desaparecer”, alerta.Otras especies con escamas, como la boga, el dorado o el sábalo, son propias de la zona baja del río (donde se hará el dragado) y tienen un alto valor comercial.
Económicamente, las familias pescadoras dependen del río. Hace cinco años, por la Niña, viven una bajante que repercute en la disponibilidad de peces. Ante el gobierno de Santa Fe, pescadores reclamaron el cumplimiento de la Ley provincial 12.212, que establece un período de veda pesquera durante el verano, que es la época de reproducción de los peces. En ese período, los pescadores reciben un salario mínimo, vital y móvil pero no pueden pescar. Por la situación climática de sequía, reclamaron medidas similares para preservar la fauna ictícola, pero no obtuvieron respuestas.
También piden que se cierre la exportación de pescado de río. “Le estamos generando una gran presión de pesca al Paraná. Tenemos un mercado interno inmenso para vender. Santa Fe se da el lujo de prohibir vender pescado en otras provincias, pero le vende a Bolivia, Colombia, Chile, Estados Unidos, que tiene el lema del ‘pescado de plato’ y necesitan un pescado de un kilo o menos”, explica.
Una cuenca popular desde la costa santafesina
Paraná tiene una larga historia de vinculación con el río que lleva su nombre. Allí se pensaron las remadas en defensa del Paraná Medio (que en 1996 unió la capital entrerriana con Ituizangó, en Corrientes), en contra de las represas. Allí se propuso la remada de 2025 y la travesía náutica de este año. Pero Santa Fe, pese a estar rodeada por brazos del Paraná y por el río Salado, no ha tenido la misma historia de defensa del agua.
Por eso la conformación de la Cuenca Popular del Paraná Santafesino es un hito. Se forjó el año pasado a instancias de la remada que conectó Formosa con el sur provincial. Carolina Atallah integra el comité y señala: “Hay muchas poblaciones aledañas al río que viven de él. Pensar al río solo como una hidrovía es desentenderse de toda la dinámica que sucede a su alrededor. En función de esto conformamos el comité con organizaciones socioambientales de la zona, como Manos Vivas, el Foro Santafesino por la Salud y el Ambiente, el Pueblo Qom, el Movimiento por el Agua, entre otras.
Desde el Comité llevan adelante festivales y brindan charlas en escuelas. También participaron activamente en la discusión sobre la Reforma Constitucional de Santa Fe, planteando que haya mecanismos explícitos para los estudios de impacto ambiental en materia de ríos en la provincia. Si bien no lo consiguieron, la nueva Constitución reconoció a la naturaleza como sujeta de derechos.
“Hay que involucrarse, entender lo que está pasando, qué implica y conocer nuestros derechos. La gente se involucra cuando ya vio los efectos, pero no tenemos una actitud de conocer para prevenir”, afirma. Agrega: “Si no nos involucramos, dejamos que otras y otros tomen decisiones por nosotros. Y luego aparecen las consecuencias, como lo vimos en la inundación de Santa Fe”.
Se renueva la esperanza
Luis “Cosita” Romero participó de la remada en 1996 en defensa del Paraná, ante la amenaza de la ubicación de una represa en el Paraná medio. En 2025 volvió a tomar los remos para oponerse a una nueva privatización del río. Un año después, ante la apertura de los pliegos licitatorios, volvió a surcar las aguas en su canoa, la Yaguarona.
Con los pies en la arena, afirma: “Se renueva la esperanza de que es posible parar la entrega de nuestro territorio, de nuestros cursos de agua, de nuestros hielo continentales, de cada parte de la Argentina que tiene recursos que son comunes a nosotros y que debemos preservar”. También asegura que hay un largo camino por recorrer.
“En esta travesía nos encontramos con legisladores nacionales, con intendentes. Sucedieron cosas que el año pasado no habían pasado. En Corrientes y en Chaco tuvimos una buena respuesta. Con quienes nos encontramos supimos entendernos y tener un una mirada en común. Lo importante es esta multitud de gente que ha venido, lo importante es estar juntos”.
Tras su tercera remada, afirma: “El río me deja todo lo que tiene que ver con con su cultura, con su gente. En 1996 apenas había tres canales de televisión o dos radios en una ciudad. Hoy estamos bombardeados por información basura. Y el río me da la posibilidad de que, yo a través de él y él con nosotros, levantemos la voz”.
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